Las eléctricas abren fuego: piden aumentar la retribución de sus redes más del 25% desde 2026

Las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) junto con las asociaciones Aelec (donde está integrada también EDP) y CIDE han consensuado una postura sectorial en la que solicitan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una subida de al menos el 25% de la tasa de retribución financiera para las actividades de distribución y transporte de electricidad, según confirman varias fuentes al tanto de la situación.

Esta propuesta, que las compañías pretendían mantener como confidencial, implicaría que la tasa de retribución a la que se pagan en la factura de la luz las inversiones en redes de las grandes eléctricas y de Red Eléctrica (Redeia) pasaría del 5,58% actual a más del 7% a partir del 1 de enero de 2026. Las fuentes consultadas señalan que el sector ha enviado esta propuesta al organismo regulador, encargado de este trámite, en el marco de la consulta pública lanzada para la modificación de la circular 2/2019, establecida para el periodo 2020-2025. Otras fuentes empresariales aseguran que el consenso sectorial es aún mayor, algo por debajo del 8%.

Las compañías justifican este incremento, fundamentalmente, por el aumento de la inflación y la subida de los tipos de interés vivida en los últimos años. La CNMC asumió buena parte de las competencias regulatorias sobre el sector eléctrico en 2018. Con este poder, la institución hoy presidida por Cani Fernández tuvo que elaborar las circulares que determinan cuánto se debe pagar por las redes eléctricas que despliegan y gestionan las energéticas. Dichos pagos son asumidos por los consumidores eléctricos, que se ven obligados a asumir el coste a través de los peajes de la factura de la luz.

Ya en 2019, la CNMC cambió la metodología para establecer la tasa de retribución financiera, que se determina a través de una fórmula denominada WACC (Weighted Average Cost of Capital). Este WACC es la tasa de rendimiento que una empresa necesita alcanzar para cubrir los costes de financiación de sus inversiones. Las eléctricas realizan sus inversiones en las redes eléctricas necesarias para llevar la luz hasta hogares y centros de consumo (industria, comercio, etc.) a cambio de recibir cada mes parte de la inversión realizada más un interés que se pagan en factura durante 40 años.

La circular 2/2019 por la que se establece la tasa de retribución que sirvió para el periodo regulatorio 2020-2025 no contemplaba subidas de la inflación y otros costes, lo que ha hecho que las inversiones hechas en este periodo hayan tenido que asumir unos costes mayores a lo esperado, lo que reduce la rentabilidad de estas inversiones. Estas circulares se elaboraron cuando las tasas de inflación fueron próximas a cero —o incluso negativas— durante años, por lo que este no era entonces un elemento de preocupación. Sin embargo, los costes han aumentado de forma drástica en los últimos años, derivados de la crisis energética por la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es precisamente lo que ahora quieren corregir las eléctricas, para que desde 2026 se tengan en cuenta los sobrecostes extra que ahora no se están reconociendo.

Aunque aún falta casi año y medio para que las nuevas circulares que elabore la CNMC entren en vigor, la institución ha querido adelantar el proceso y realizar una consulta pública en aras de que exista mayor transparencia y de poder tener una propuesta desde los servicios técnicos a finales de este año que sirva para dar visibilidad al sector. La idea es que esa propuesta de los servicios técnicos pueda ser debatida y aprobado por el pleno de la CNMC durante el próximo año.

La cuestión es muy importante para las compañías. Inversores y analistas ya están preguntándose por esta cuestión, de la que dependen buena parte de los ingresos de las eléctricas. Sobre este asunto se pronunció el pasado miércoles José Bogas, CEO de Endesa, firma que controla las redes de baja tensión de Cataluña, Andalucía, Aragón, Canarias y Baleares.

A preguntas de los analistas, Bogas puso encima de la mesa que la tasa de retribución financiera para las redes debe estar en una horquilla comprendida entre 7,3% y 8,7%. El primer ejecutivo de Endesa basa esta propuesta en el estudio hecho con los parámetros retributivos de otros países que ya han actualizado la tasa como Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido, Austria o Finlandia. Para la compañía propiedad de la italiana Enel, la retribución a las redes impacta muy directamente sobre sus ingresos.

También la pasada semana se pronunció sobre esta cuestión el presidente ejecutivo de Naturgy. A preguntas de los medios de comunicación, Francisco Reynés explicó que "hoy en día, si hay un cuello de botella para la instalación renovable y de centro de datos, es por la gran necesidad de redes de distribución y transporte". Sin embargo, advirtió que "para invertir tiene que haber una retribución adecuada". Naturgy controla a través de Unión Fenosa Distribución (UFD) las redes de Galicia, parte de Madrid, de Castilla-La Mancha y una pequeña parte de Castilla y León.

Incentivos a eficiencia y destopar el límite

Además de esta cuestión, las eléctricas están pidiendo determinados ajustes en la metodología de retribución de las redes así como la asignación de valor a los activos. En otra consulta pública de la CNMC, que se cerraba la semana pasada, solicitan incentivos a la inversión más eficiente y que se retribuya la dotación de inteligencia de sus redes.

Fuentes del sector señalan que a veces es mejor aprovechar redes ya existentes que desplegar nuevos activos, pero al no tener incentivos a esa eficiencia podría suponer un desincentivo a la eficiencia. Es algo así como si a una empresa se le dieran incentivos a la gestión del tráfico por carretera en horas punta en lugar de solo pagarle por hacer una nueva autopista, que es más costoso para el sistema y podría infrautilizarse cuando desaparece la afluencia masiva de vehículos. En la gestión de las redes eléctricas sucede algo similar.

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Por último, las grandes utilities están dando la batalla frente al Ministerio para la Transición Ecológica para que este eleve el tope de inversión en redes, que actualmente está limitado al 0,13% del PIB. Las empresas llevan tiempo tratando de convencer al departamento liderado por la vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, que la mayor inversión en redes es necesaria para la integración de renovables y poder atraer otro tipo de inversiones intensivas en consumo eléctrico como los centros de datos de las grandes tecnológicas.

Sin embargo, y pese a que el Gobierno es consciente de los deseos de las eléctricas, tiene que hilar muy fino a la hora de tomar decisiones, ya que las mayores inversiones en redes y a mayor tasa de retribución supone un coste añadido para el consumidor, que vería incrementada su factura de la luz. Esto es especialmente sensible para la competitividad de la industria, cuyos costes energéticos suponen un gasto clave. Hay expertos que creen que, dadas las condiciones de España, una energía barata unida a unos costes laborales inferiores a los de otros países de Europa podría localizar inversión productiva en territorio nacional, lo que podría impulsar aún más a la economía española.