El vuelo del Yak-42 que hace dos años costó la vida a 62 militares españoles no fue la única contratación de aviones para misiones internacionales con presuntas irregularidades económicas. Una investigación del ministro de Defensa ha detectado numerosos

Dos años después del accidente que costó la vida a 62 militares españoles, el escándalo del Yak-42 sigue coleando. La investigación que el ministro de Defensa socialista, José Bono, inició inmediatamente después de asumir el cargo está a punto de sacar a la luz supuestas irregularidades económicas que van mucho más allá del trágico vuelo. El equipo del ministro ha hallado, de hecho, “sucesivas contrataciones a un precio elevado de aviones que no reunían las características técnicas que justificaran dicho coste”, según ha podido saber El Confidencial en fuentes políticas.

Según estas fuentes, las presuntas irregularidades serían muy similares a la que se detectaron en el caso del Yak-42, es decir, el pago de elevadas comisiones a intermediarios que encarecieron sobremanera el coste final. En concreto, en el caso del avión siniestrado, Defensa descubrió que de los 171.350 dólares (149.000 euros) que se pagaron por su alquiler, la compañía aérea que operaba el vuelo, la Ukranian Mediterranean Airlines, sólo recibió 45.000 dólares.

Del resto, 126.350 dólares, menos de la mitad, 61.686 dólares, se gastaron en el combustible y el handling (servicios aeropuertarios). Los otros 64.664 dólares, casi el 40% del total, se quedaron por el camino en forma de 'extraños pagos' que se repartieron los seis intermediarios que intervinieron en la contratación del trágico vuelo.

La contundencia de los datos ahora descubiertos, y que todavía no han visto la luz, ha hecho que el ministro de Defensa haya puesto el resultado de las investigaciones en manos del equipo jurídico del departamento. Éste tendrá que determinar si en las supuestas irregularidades económicas descubiertas existen indicios de delito, entre 1999 y marzo de 2004, de los máximos responsables del departamento, incluido su antecesor en el cargo, el diputado popular Federico Trillo.

Un ‘recargo’ del 50%

“Resulta extremadamente sospechoso que las sucesivas contrataciones recarguen hasta un 50% el precio final, de tal manera que por lo que costaba 100.000 dólares se acabase pagando sistemáticamente 150.000 dólares”, ha asegurado en privado el propio Bono tras conocer los recientes datos de la investigación interna.

“Las irregularidades se repiten, si no en todos los vuelos alquilados, sí en la inmensa mayoría. No olvidemos que cada año se contratan más de doscientos vuelos de estas características”, destacan desde el propio Ministerio de Defensa para hacer una idea del volumen económico que pueden alcanzar las supuestas irregularidades detectadas.

Las sospechas sobre irregularidades ya han llegado, de hecho, a dos de los grupos políticos que apoyan al Gobierno socialista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Izquierda Unida (IU). La primera presentó ayer en el Congreso una Proposición no de Ley para que se abra una investigación urgente sobre las contrataciones de dichos vuelos. La coalición de Gaspar Llamazares, por su parte, ha pedido la comparecencia urgente de Bono en la Comisión de Defensa para que explique el pago de las comisiones en el alquiler del Yak-42.