Juan Fernando López Aguilar trabaja en una nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor que contempla el endurecimiento de las penas para los niños y jóvenes que cometan delitos muy graves, hasta el adelantamiento de la entrada en la cárcel.

El Ministerio de Justicia lleva meses elaborando la reforma de la actual Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en vigor desde 2001, con un objetivo claro: endurecerla. De hecho, y según un borrador de trabajo al que ha tenido acceso El Confidencial, en los últimos meses algunos de los expertos consultados han sugerido al titular del departamento medidas para dar “respuesta” a la delincuencia cometida por niños y jóvenes que contempla, entre otras, el envío de éstos antes a centros penitenciarios de adultos.

En concreto, dicho documento apunta la necesidad de “bajar la edad inicial de intervención a doce años [actualmente está en catorce años]” en el caso de delitos muy graves. Es decir, que los niños de entre doce y trece años, que hasta ahora no eran responsables de los hechos que cometían, pudieran ser juzgados. Sin embargo, como ha reconocido a este diario el propio ministro, Juan Fernando López Aguilar, esta propuesta “se ha descartado definitivamente”.

No así otras dos presentes en dicho documento. Una de ellas pide derogar definitivamente la posibilidad de aplicar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor a los delincuentes mayores de 18 y menores de 21. Esta posibilidad no se había aplicado nunca hasta ahora, ya que existía una moratoria que había impedido llevarla a la práctica.

La propuesta que estudia Justicia, y que el propio López Aguilar ha reconocido a este diario que será incluida en texto que ultima, deroga definitivamente esta posibilidad de suavizar la pena para los delincuentes que acabasen de superar el umbral de la mayoría de edad.

Más dudas tiene el titular de Justicia, según han reconocido fuentes de su departamento a El Confidencial, con la tercera sugerencia de los expertos. Ésta propone que los menores que hubieran cometido un delito pasaran a terminar de cumplir la medida de internamiento a la que hubiesen sido condenados a un centro penitenciario de adultos sólo cuando hubiesen cumplido los 23 años.

El PSOE ya planteó la pasada legislatura en pleno caso Sandra Palo, como recoge el borrador de trabajo, “rebajar el umbral de cumplimiento” de los 23 a los 21. Sin embargo, el autor de la sugerencia va mucho más allá y plantea que “este paso al centro penitenciario o similar se produzca a los dieciocho años” en caso de delitos graves. López Aguilar se lo está pensando.