Interior y Guardia Civil protagonizan desde hace meses un soterrado enfrentamiento. Desde el Ministerio se acusa a mandos de la Benemérita de la filtración de noticias con el fin de dañar el incipiente diálogo con ETA y su entorno. Mientras, en el Instit

De puertas para afuera, todo son sonrisas y buenas palabras. En sus declaraciones públicas siempre hablan de coordinación y plena colaboración. Niegan cualquier disensión, cualquier discrepancia. Sin embargo, la tensión y el enfrentamiento se han impuesto en el día a día de las relaciones entre los máximos responsables del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil, como ha podido constatar El Confidencial en numerosas fuentes de ambos departamentos en las últimas semanas.

Esta situación ha terminado traduciéndose en la falta de confianza del propio José Antonio Alonso hacia el general Carlos Gómez Arruche, en cuyo nombramiento recalca que no intervino. El propio ministro ha asegurado en privado a varios interlocutores que si aún no ha cesado al militar es porque desde el Palacio de La Moncloa le insisten en que no provoque la primera crisis de la era Zapatero.

Obligados a cohabitar, los incidentes entre miembros de uno y otro equipo no sólo no se han reducido en los últimos meses, sino que se han incrementado. Así, desde el Ministerio del Interior no se duda en acusar insistentemente a mandos de la Guardia Civil de filtrar a la prensa determinadas noticias sobre la lucha antiterroristas con la supuesta intención de poner a la opinión pública en contra de un hipotético diálogo con ETA.

En este sentido, desde el equipo de Alonso se destaca -entre otras filtraciones que consideran malintencionadas- la rapidez con que llegó a los medios los supuestos planes que tenía el etarra Javier Pérez de Aldunate, detenido en febrero por la Benemérita, para asesinar al Rey. Desde la Guardia Civil, sin embargo, niegan tal intencionalidad.

Negociar con los ‘sindicatos’

La mano derecha del ministro, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tampoco es ajeno a dicho enfrentamiento. De hecho, en la Guardia Civil no sentó nada bien que convocara en la sede del departamento a los principales sindicatos de la Benemérita para empezar a estudiar con ellos la futura ley de derechos y deberes de los agentes en una reunión en la que no invitó a ningún responsable de la Dirección General.

Pocos meses después, y cuando el principal sindicato de la Guardia Civil anunció la convocatoria de una peregrinación reivindicativa a la Basílica de El Pilar, de Zaragoza, Antonio Camacho tomó las riendas del asunto y volvió a marginar de nuevo a Gómez Arruche, alguno de cuyos colaboradores más cercanos ya había anunciado mano dura contra los que asistieran a la concentración.

Tras descalificar las advertencias lanzadas por los mandos de la Benemérita, el propio Camacho negoció con los representantes de los agentes para que la movilización fuera desconvocada. Fuentes de la Guardia Civil han reconocido a este diario que, con aquella intervención, Camacho ha conseguido que los sindicatos del Instituto Armado “puenteen” constantemente a Gómez Arruche y sólo se muestren dispuestos a negociar con el propio secretario de Estado.

Conflictos entre los equipos de prensa

Por aquellas mismas fechas, otro incidente resquebrajó aún más la confianza entre los máximos responsables de ambos departamentos. El Ministerio del Interior envió entonces al director general de la Guardia Civil un informe elaborado por Fernando Reinares, asesor para temas antiterroristas del ministro, en el que se pedía una sanción disciplinaria contra una agente de la Guardia Civil destinada en el servicio de prensa que el Ministerio tiene en su sede del número 5 del Paseo de la Castellana.