Policías y guardias civiles acusan a jueces y fiscales de “inhibirse” en la lucha contra el crimen organizado

“Éstos de aquí son imbéciles. A mi amigo lo pillaron sin carné de conducir y con un coche robado, y lo soltaron. Si eso pasa en nuestro país, lo meten en la cárcel para toda la vida, pero aquí en España hay otras leyes. Ya le he dicho a mi hermano que se venga. Aquí lo más duro es si te pillan con droga, pero por robos y esas cosas no te meten en la cárcel”.

Esta conversación telefónica real, interceptada por la Policía el pasado mes de agosto durante las investigaciones sobre una banda de ciudadanos de países del Este dedicados al robo de naves industriales, es exhibida por los agentes como una demostración de que “algo falla” en nuestro país en la lucha contra la delincuencia organizada. “Algo” que ha hecho que sus integrantes se sienten así de impunes.

De hecho, según ha podido constatar El Confidencial, algunos de los agentes especializados en la lucha contra estas bandas han elevado a sus superiores en el Ministerio del Interior diversos escritos en los que señalan a los que consideran principales responsables de esta situación: magistrados, fiscales y la supuesta “inhibición” de ambos colectivos en las investigaciones de estas complejas tramas.

“Hay demasiados jueces que sólo quieren saber simplemente del robo que dio inicio a las investigaciones, y se lavan las manos cuando le pedimos órdenes de registro o de intervenciones telefónicas por otros delitos cometidos por la misma banda y de los que han surgido indicios en el transcurso de las investigaciones”. Por culpa de ello, policías y guardias civiles consultados aseguran que, en muchas ocasiones, deben recurrir a los jueces de guardia -a veces sin suerte- para conseguir los mandamientos que los instructores les niegan y sin los que se vendrían abajo numerosas operaciones.

“Es frustrante ver cómo le dedicas tiempo y recursos humanos y materiales a una investigación para conseguir pruebas que demuestren que los sospechosos forman parte de una banda organizada para después ver cómo, por el quítame allá esas competencias de un juez, todo el trabajo de meses se va al garete”, asegura uno de los agentes consultados. Esta fuente afirma que, en el último año, ha sido testigo de cómo se frustraban en parte cuatro grandes operaciones contra bandas de delincuentes extranjeros por culpa de esta supuesta desidia.

Policías y guardias civiles cuentan, y no paran, ejemplos concretos de esta “inhibición”. Casos de jueces que han querido enviar a la Audiencia Nacional las investigaciones sobre bandas especializadas en robos de domicilios. Casos de droga que no se pudo incautar por la lentitud en la respuesta judicial. Casos de magistrados que delegan sistemáticamente en sus colegas de guardia la autorización de registros y pinchazos.

Penas más bajas

“Si se investigan los delitos individualmente, como pretenden los titulares de muchos juzgados para evitarse trabajo extra, se pierde la visión general de las pesquisas y es más difícil la imputación de asociación ilícita. De este modo, las penas son menores, los delincuentes ingresan muy pocas veces en prisión preventiva y el número de delitos se dispara, con la consiguiente alarma social que eso genera”, sentencia uno de los agentes.

De hecho, según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior -reveladas por El Confidencial el pasado 31 de mayo-, durante 2004 se detectó la presencia en nuestro país de 494 grupos mafiosos con delincuentes de 98 nacionalidades distintas. Organizaciones delictivas que, además, utilizan cada vez más la violencia para amedrentar a sus víctimas, según el informe policial que recogía estas cifras.