El juez Marlaska ‘torpedea’ por cuarta vez los planes del Gobierno para acelerar la tregua de ETA

Desactivado el fiscal Eduardo Fungairiño, el juez Fernando Grande-Marlaska se ha convertido en el último gran escollo que tiene el Gobierno en la Audiencia Nacional en su intento por acelerar con gestos jurídicos la ansiada tregua de ETA. Desde su puesto en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado volvió ayer a poner en aprietos la política de tímida flexibilización penitenciaria con los reclusos etarras al acordar el procesamiento del francés Henri Parot por los delitos de pertenencia a banda armada y conspiración para el asesinato por una carta escrita en la cárcel en la que proponía la comisión de atentados.

El juez llevaba investigando dicha misiva desde 2005, pero, sin embargo, ha aprovechado la polémica creada por los fiscales del Tribunal Supremo –que apoyaron la pretensión del sanguinario terrorista de acumular sus penas, lo que le permitiría salir en libertad como muy tarde en el año 2011- para hacer público un auto que supone un jarro de agua fría para la política de gestos de Zapatero con la izquierda abertzale.

Sin embargo, no es ésta la primera vez que Grande-Marlaska torpedea al Ejecutivo socialista en su intento de aproximación a ETA y, sobre todo, a su entorno. De hecho, fue este magistrado el que envió en mayo de 2005 al portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, a prisión acusado de estar integrado en ETA. Otegi finalmente consiguió salir de la cárcel tras abonar una elevada fianza de 400.000 euros.

Meses después, tres de los considerados dirigentes en la sombra de EHAK (siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas), Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi, acudían también a la Audiencia Nacional citados por Grande-Marlaska y sólo conseguían eludir la prisión tras pagar fuertes finanzas. Poco más tarde, el citado era el considerado como uno de los hombres claves en la apuesta de la izquierda abertzale por abrir una negociación entre la banda armada y el Gobierno, el líder del sindicato LAB, Rafael Díez de Usabiaga. Acusado de estar detrás de la creación de las listas blancas con las que Batasuna intentaba concurrir a las últimas elecciones autónomas vascas, fue puesto en libertad por el magistrado, pero éste ordenó días después a la Policía y Guardia Civil (ver El Confidencial del pasado 21 de septiembre) rebuscar en sus archivos pruebas que permitieran actuar contra éste.

La asamblea de Baracaldo y el derecho de reunión

El último encontronazo del juez con la política de Zapatero de gestos a Batasuna se producía el pasado mes de enero, cuando ordenaba la suspensión de actividades de la ilegalizada formación y prohibía la asamblea que la coalición pretendía celebrar en la localidad vizcaína de Baracaldo.

El propio presidente del Gobierno había manifestado días antes de este auto su convencimiento de que prevalecería el derecho de reunión a la Ley de Partidos. Grande-Marlaska, que desde mayo de 2005 ya contaba con un informe policial en el que se denunciaba que Batasuna desplegaba una gran actividad pública y tenía sedes funcionando en tres capitales a pesar de su ilegalización, esperó también para actuar en el momento más oportuno. O inoportuno, según la visión del Gobierno, que estaba convencido de que en dicho acto se iba a hacer pública la ansiada tregua de ETA (ver El Confidencial del 20 de enero).