Múgica no recurrirá al Constitucional la devolución del patrimonio histórico a UGT

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha rechazado la petición del sindicato Comisiones Obreras –CCOO- de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se aprueba la restitución del patrimonio sindical histórico a la Unión General de Trabajadores –UGT- incautado durante la dictadura por valor de 151 millones de euros.

La petición de CCOO ha sido rechazada por la Oficina del Defensor del Pueblo "previo el preceptivo informe de la Junta de Organización y Funcionamiento (...) al no encontrar fundamentos jurídicos suficientes".

Entretanto, los técnicos del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales han seguido trabajando a lo largo de estos meses para aprobar los primeros expedientes de reintegración de locales y otros bienes a UGT, pero también a otros sindicatos históricos como ELA-STV o CNT, que acumulaban reclamaciones sobre su patrimonio histórico incautado en la Guerra Civil por el régimen franquista.

Según fuentes sindicales, es previsible que antes de la festividad del ‘Primero de Mayo’, fecha emblemática para el sindicalismo español, el Gobierno notifique la entrega de una primera remesa de locales, "que será más simbólica que importante desde un punto de vista cuantitativo", aseguran fuentes próximas al equipo del ministro Jesús Caldera.

Por lo demás, CCOO no cejará en su batalla judicial contra el Real Decreto del Gobierno, reconocen fuentes de la Central, y podría presentar un recurso Contencioso-Administrativo con el que buscaría la paralización del proceso de restitución de los bienes incautados a la otra gran central sindical.

Por su parte, el Partido Popular ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con parecidos argumentos a los que desgranaba el sindicato que preside José María Fidalgo en su petición al Defensor del Pueblo. Como reiteró en su paso por el Congreso, los populares insisten en subrayar que con esta decisión el Gobierno favorece a una de las dos grandes fuerzas sindicales, alterando la pluralidad sindical y la libre competencia para mejorar la representatividad de los trabajadores.