La Generalitat encarga a un amigo de Maragall una decena de informes por valor de 373.000 euros

Los casos de presuntas irregularidades comienzan a asomar en el seno del Gobierno tripartito catalán a los dos años del relevo de Convergència i Unió. Se trata del pago de cantidades astronómicas por asesoramiento y su protagonista no es otro que Antonio Gutiérrez Rubí, un viejo amigo del presidente Pasqual Maragall. Durante los dos últimos años, el departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña pagó a Gutiérrez Rubí (tanto en su propio nombre como en el de su empresa Ideograma) un total de 373.673,92 euros por varios informes y asesoramiento en el diseño de estrategias y organización de actos diversos.

Gutiérrez es un viejo conocido en los círculos políticos, ya que, además de sus cercanas relaciones con la cúpula socialista, y más especialmente con Maragall, colabora habitualmente con ayuntamientos (casi todos socialistas), bien a través de alguna Fundación o de sus propias empresas. También suele participar en jornadas o actos institucionales como representante e impulsor de una página web.

Retahíla de contratos

La investigación sobre Gutiérrez fue iniciada por el diputado popular Daniel Sirera, quien posteriormente filtró los primeros resultados al diario La Razón. Estos arrojaban, como mínimo, un trato de favor sobre las actividades de Gutiérrez Rubí y los departamentos de Presidencia y de Cultura, con los que más ha trabajado. Los primeros datos permiten afirmar que la oficina de Maragall le encargó dos informes durante el primer año de mandato, que costaron 11.994 y 11.948 euros, respectivamente, uno de ellos sobre el mapa de universidades de Cataluña y el otro sobre la puesta en escena del acto que reunió al president con los dirigentes políticos en el castillo de Miravet (Tarragona) para hablar del Estatut en el otoño de aquel año.

El conseller primero también le encargó otro dossier de 11.890 euros. En ese mismo año, facturó a Cultura 11.948 euros por la definición de las estrategias políticas del Departamento y 11.832 euros por análisis de documentación y propuestas programáticas del Gobierno. Dos estudios más contribuyeron ese año a engrosar su cuenta corriente: un asesoramiento en materia de comunicación pública a la consejera Caterina Mieras, que costó 29.000 euros, y un estudio de asesoramiento del diseño de actividades institucionales por 153.000 euros.

En el 2005, Presidencia le pagó por la organización de actos un total de 90.079,92 euros y 11.982 euros más por un informe sobre la democracia digital. Una tercera actividad de asesoramiento a Cultura le reportó otros 30.000 euros el pasado año.

Adjudicaciones a dedo

Llaman la atención las cantidades de buena parte de estos informes, ya que, según las normas de la Administración, hasta un importe de 12.000 euros, las adjudicaciones se realizan a dedo. A partir de 12.000, hay que pedir importe, como mínimo, a tres empresas diferentes que no tengan nada que ver entre ellas y se ha de justificar la opción elegida, en lo que se llama un procedimiento negociado. Si la actividad sobrepasa los 30.000 euros, entonces ha de convocarse concurso público a través del Diario Oficial de la Generalitat, constituirse una mesa de contratación y elegir la mejor oferta bajo la supervisión de la intervención.

Ahora bien, de los 10 informes encargados a Gutiérrez, tan sólo tuvo que ir a concurso en dos de ellos, mientras que otros dos fueron solventados por un procedimiento negociado. Los seis restantes, a tan sólo un puñado de euros de este procedimiento, fueron adjudicados a dedo.

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