Izquierda Unida y Esquerra presionan a jueces y fiscales para que suavicen su posición sobre el terrorismo

Después del análisis político realizado sobre la tregua decretada por ETA, la polémica se ha centrado sobre jueces y fiscales. Ya han comenzado las presiones públicas sobre la administración de Justicia para que fiscales y jueces levanten el pie del acelerador en los juicios de terrorismo que están en marcha.

El primero en hacerlo fue el fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido dijo el miércoles que el Ministerio Público pedirá a los jueces que “valoren” la incidencia que puede tener “la nueva situación” en las decisiones que tengan que adoptar sobre medidas cautelares. Estas declaraciones no gustaron mucho en el ámbito político y recibió reproches desde el propio Gobierno.

El ministro José Bono aseguró que las declaraciones no habían sido “todo lo prudentes que suelen ser siempre” en el fiscal. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó que ni la judicatura ni la fiscalía están expuestas a las “incidencias” de la política, y explicó que la legalidad rige la actuación de todos los poderes públicos.

Sin embargo, el fiscal general del Estado no ha dado nuevas instrucciones a los fiscales de la Audiencia Nacional respecto a la próxima comparecencia de Arnaldo Otegi en ese tribunal, por lo que se mantiene el criterio de pedir prisión incondicional para el portavoz de la ilegalizada Batasuna. La comparecencia será finalmente el próximo miércoles después de que el juez Fernando Grande-Marlaska acordase ayer el aplazamiento.

Aun así, las presiones no parecen estar surtiendo mucho efecto. Ayer, las dos secciones de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo acordaron mantener lo establecido en la sentencia del alto tribunal relativa al etarra Henri Parot. Dicho fallo determinó un nuevo criterio por el que la aplicación de los beneficios penitenciarios para todos los condenados por el Código Penal de 1973 se realizará sobre cada condena y no sobre la acumulación de las mismas.

Las presiones continuaron ayer desde el mundo político. Dos consellers de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló y Joan Saura, hablaron de “error” ante la posibilidad de que Otegi sea encarcelado. Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, se mostró seguro de que el Poder Judicial “se incorporará también a las nuevas circunstancias y al proceso de paz”.

La “independencia” de los jueces

Aunque el Pleno del CGPJ no ha querido pronunciarse sobre la declaración de alto el fuego, su portavoz, Enrique López, aseguró que los jueces trabajarán “hoy como lo han hecho ayer y como lo harán mañana, siempre sometidos al imperio de la Ley y salvaguardados por la independencia” del Poder Judicial.

Fuentes judiciales aseguran que los ciudadanos deben estar tranquilos. Los magistrados que se encargan de juzgar a los terroristas “son jueces que tienen experiencia. Están muy curtidos, para bien y para mal”, explican estas fuentes. “El principio de independencia judicial existe en España”, aseguran.

Sin embargo, otras fuentes consultadas recuerdan que los jueces y los fiscales no viven en una burbuja y están expuestos a las presiones desde diversos frentes. “Hay jueces y fiscales que son capaces de abstraerse de toda la polémica. Pero otros no”. Además, se pide desde el mundo de la judicatura que se apoye las decisiones de los jueces “sean las que sean”.

El sentimiento que aflora en el mundo de la judicatura es de confianza en los profesionales que van a tener que encargarse de lidiar con los casos de terrorismo. Pese a los mensajes de alegría expresados por la sociedad por el comunicado de ETA, la Justicia no pierde de vista que su labor será la de continuar y finalizar los procesos que están en marcha.