El PSOE propone crear unos fiscales que ya existen para luchar contra los delitos urbanísticos

La Operación Malaya ha dejado de lado la vertiente local para saltar a la polémica nacional. PSOE y PP no han tardado ni una semana en echarse las culpas sobre la situación en Marbella. Sin embargo, se han propuesto soluciones para el futuro que han sorprendido a los colectivos implicados.

Ayer, fue el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, quien anunció la intención de su partido de presentar una proposición no de ley con la que pretende que se dote al Fiscal General del Estado de más instrumentos y medios para perseguir los delitos urbanísticos, como la creación de una fiscalía especial para esta materia.

Esta petición ha supuesto toda una sorpresa entre los miembros del Ministerio Público, ya que no se trata de ninguna novedad, pues el Gobierno puso en marcha este tipo de especialización no hace mucho. Fue concretamente después del incendio de Guadalajara, en el que fallecieron once personas, cuando la ministra Cristina Carbona promovió la creación de un fiscal de Medio Ambiente. La Fiscalía propuso para este cargo a Antonio Vercher y ayer, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aprovechó el viento favorable para anunciar que Vercher tomará hoy posesión y que se encargará de manera prioritaria de delitos mediambientales y urbanísticos para hacer frente a situaciones como la corrupción en Marbella.

El objetivo es que este fiscal se encargue de coordinar las labores del resto de fiscales que se encargan de los asuntos de Medio Ambiente. Entre sus competencias estará conocer de los delitos contra la ordenación del territorio (por ejemplo, construir en una lugar en el que no está permitido), contra el medio ambiente, incendios, etc. Esta nueva figura se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados dentro de la reforma de la Ley de Montes.

En el caso de que existan cobros de comisiones para adjudicar unos terrenos, la persecución de ese delito correspondería a la Fiscalía Anticorrupción, con lo que tampoco haría falta crear ningún fiscalía ‘ad hoc’ para escándalos como los de Marbella. Por ello, la petición de la Asociación de Fiscales y de la Unión Progresista de Fiscales es que se amplíen los medios de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta opinión es compartida por Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, que ayer pidió la creación de fiscalías anticorrupción en todos los ámbitos territoriales que “están siendo pasto” de la presión especulativa y de la corrupción. En la actualidad, la Fiscalía Anticorrupción tiene sedes en Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Baleares y Alicante.

Desde la Unión Progresista de Fiscales se asegura que “el mecanismo de lucha [contra estos delitos] ya existe, pero hay que potenciarlo”. Por su parte, la Asociación de Fiscales incide en el mismo punto: “La solución ya existe. Quizá hay que poner más medios”.

Los políticos se echan la culpa

José Blanco aseguró ayer que durante años de “decisiones urbanísticas turbias y sospechosas”, el Gobierno del PP y la Fiscalía “miraban para otro lado”, y subrayó que si ahora se están destapando casos de corrupción en Marbella “es porque la Fiscalía trabaja con la diligencia que no tuvo” durante los ocho años de Ejecutivo popular.

El número dos del PSOE reprochó al PP su “incoherencia” por pedir ahora la disolución del Ayuntamiento cuando “en 2001, ante un proceso que se iniciaba y toda la oposición municipal pedía la disolución, el PP se opuso; en 2003, cuando se produce la moción de censura contra Julián Muñoz, el PP también se opuso; y ese mismo año, Javier Arenas, vicepresidente del Gobierno, decía que no había motivos que justificaran la disolución”, según recoge Efe.