La Junta permitió que las irregularidades urbanísticas de Marbella no aparecieran en el Registro

Durante los últimos días se ha hablado mucho de los centenares de denuncias presentadas por la Junta de Andalucía y distintas asociaciones –por ejemplo, Ecologistas en Acción- contra los convenios urbanísticos firmados por el ayuntamiento de Marbella. El número de estas denuncias ronda el medio millar. Lo que llama la atención, sin embargo, es que la Junta de Andalucía no pidiera que se inscribiesen en el Registro de la Propiedad. Este hecho provoca que los posteriores compradores no tengan seguridad jurídica.

Fuentes registrales recuerdan que es bueno que, en este caso, la Junta, solicite la inscripción para que “el comprador de un terreno o una casa conozca las cargas con las que cuenta esa finca”. De esta forma, se cuida y preserva la seguridad en la compraventa de terrenos, chalets, casas, pisos, edificios... Estas mismas fuentes recuerdan un caso en Marbella en el que se solicitó la “anotación de una querella”. “Pero una querella no se puede anotar”, recuerdan.

Por su parte, la Junta de Andalucía alega que ellos impugnaban los convenios ante los tribunales y pedían una serie de medidas cautelares: suspensión de la licencia, paralización de las obras y anotación en el Registro de la Propiedad. “Hubo impugnaciones desde 1995. Pero hasta 2003 no tuvimos la primera resolución de un juez”, aseguran fuentes del Gobierno andaluz. Sin embargo, la Junta no pidió en ningún momento que se anotase en el Registro la simple presentación de esas reclamaciones judiciales, lo que hubiese servido para que quedase reflejado como advertencia a terceros.

Varios registradores consultados recuerdan que la propia reclamación ante un juzgado se puede anotar: “Cualquier reclamación judicial debe ser anotada en el Registro como medida preventiva, especialmente como aviso y protección a terceras personas”. Las mismas fuentes señalan que es bueno que los abogados conozcan esta posibilidad y la pongan en práctica.

El motivo es que los tiempos judiciales son imprevisibles. Sin embargo, sí se puede señalar en el Registro estas contingencias desde el primer momento. Además, las fuentes consultadas recuerdan que el Registro prevalece sobre una sentencia. Es decir, si el fallo de un juez determina que hay que demoler un edificio porque se ha construido de forma ilegal y alguien ha comprado ese edificio de buena fe, entonces no puede ser demolido.

Los registradores se lavan las manos

“No podían hacer nada”. Así se resume la posible responsabilidad de los Registradores de la Propiedad en los casos de corrupción destapados por la Operación Malaya. Los profesionales recuerdan que su responsabilidad es calificar y, en su caso, anotar en el Registro la documentación que les llega. “Sólo podemos valorar las formalidades. No podemos entrar en el fondo de las cosas”, explican fuentes registrales.

Según ha podido saber El Confidencial, la documentación de los convenios urbanísticos llegaba a los Registros con apariencia de legalidad. Sólo se impedía la anotación de documentos que contenía fallos formales. Sin embargo, esos defectos eran subsanados rápidamente.