Gobierno y CCAA crearán 5.000 plazas de funcionarios para implantar la Ley de Dependencia

El Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas han llegado a un acuerdo para crear alrededor de 5.000 nuevas plazas de funcionarios que se encargarán de aplicar la futura Ley de Dependencia a lo largo de los próximos años, han asegurado fuentes sindicales a El Confidencial.

El personal, cuya cualificación será de "amplio espectro", se reclutará reglamentariamente a través de una Oferta de Empleo Público, a la que seguirá una etapa de formación que pondrá el acento en la atención al ciudadano. Hay que tener en cuenta que la entrada en vigor de la Ley -en 2008, aproximadamente- podría generar grandes expectativas entre la población dependiente y sus familias, con el consiguiente peligro de colapsar un sistema del que no hay precedentes en nuestro país.

Tanto el Ministerio de Trabajo como las consejerías autonómicas del área social consideran un reto sin precedentes el desarrollo reglamentario de la legislación, especialmente en la fijación de los baremos que llevarán a las personas dependientes a disfrutar de servicios sociales de acuerdo con sus necesidades y con la situación económica del beneficiario.

Para estudiar los aspectos técnicos de la futura Ley se ha constituido un grupo de expertos, mayoritariamente catalanes, que viene reuniéndose periódicamente, informando de sus propuestas al departamento que dirige Jesús Caldera. La aprobación del proyecto de Ley de Dependencia ha sufrido sucesivos retrasos que ponen en riesgo su promulgación antes de final de este ejercicio, con el problema añadido de que el desarrollo reglamentario es, en este caso, tan importante o más que los artículos de la norma, que reconocen el derecho individual de los españoles a obtener de las administraciones públicas apoyo asistencial en caso de padecer algún tipo de dependencia.

Recelo de algunas CCAA

En el proyecto de Ley se fija un porcentaje a pagar por los usuarios de los servicios sociales en torno al 30% del coste, mientras el monto restante, el 70%, sería sufragado por las Administraciones central, autonómica y local. El impulso que se está dando desde el Gobierno al proyecto de Ley choca con el recelo de ciertas comunidades autónomas, que se resisten a armonizar su ‘modelo social’ con un futuro sistema de protección más homogéneo.

El vicepresidente Solbes se ha convencido al fin, señalan fuentes del Ministerio de Trabajo, de que el sistema de atención a la dependencia no va a ser un "pozo sin fondo", como la Sanidad. Desde la Secretaría de Estado de Economía se llegaron a pedir informes externos independientes para validar las proyecciones económicas que se habían hecho desde el Departamento de Trabajo.

Reconociendo que la anualización prevista en el periodo 2007-2015 restará algún porcentaje -menos de un punto- al Producto Interior Bruto, sindicatos y Gobierno están convencidos de que los retornos en empleo, altas en Seguridad Social e impacto sobre el consumo de las familias contrarrestarán finalmente buena parte del esfuerzo inversor público, que alcanzará los 12.000 millones de euros anuales en 2015.

Conciertos con las residencias privadas

Además de la subvención directa a las personas dependientes para garantizarles apoyo social en su domicilio, está previsto que las autonomías revisen al alza los conciertos que mantienen con la red de residencias privadas, un sector que durante años ha permanecido a la expectativa antes de impulsar nuevas inversiones. Estaba esperando, claro está, que las administraciones definieran sus objetivos para el sector residencial.