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La Generalitat da 4,2 millones al secretario de Comunicación que dimitió por un polémico informe sobre periodistas
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La Generalitat da 4,2 millones al secretario de Comunicación que dimitió por un polémico informe sobre periodistas

La Generalitat de Cataluña tiene preparado un convenio de colaboración con la Fundación Centro de Documentación Política para el período 2006-2008 por un monto de 4.250.000

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La Generalitat da 4,2 millones al secretario de Comunicación que dimitió por un polémico informe sobre periodistas

La Generalitat de Cataluña tiene preparado un convenio de colaboración con la Fundación Centro de Documentación Política para el período 2006-2008 por un monto de 4.250.000 euros. Una cantidad nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta el destino de la misma: la realización de dossiers diarios de prensa -al margen de recopilaciones de noticias audiovisuales-, dossiers semanales de opinión y dossiers de noticias internacionales que puedan interesar a cualquier consejería u organismo autónomo del Gobierno.

El pasado 27 de diciembre, la Generalitat ya acordó aprobar este millonario gasto y determinó tener listo el contrato-programa en menos de tres meses, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha elaborado el borrador del mismo. En éste, se prevé destinar al convenio más de 1,3 millones de euros en 2006, más de 1,4 millones de euros en 2007 y casi 1,5 millones de euros en 2008. Debido al volumen de la partida y a su condición plurianual, el Gobierno ha de aprobar todavía el acuerdo.

En el año 1998, la Generalitat se integró, juntamente con la Diputación de Barcelona, en los órganos de gobierno de la Fundación, que también presta servicio a partidos políticos, a instituciones universitarias e incluso a otros Gobiernos autonómicos.

Todo ello no tendría mayor importancia si no fuese porque la Fundación está presidida por Miquel Sellarés, el primer secretario de Comunicación del Tripartito, que dimitió de su cargo en mayo de 2005 después de hacerse público un documento apócrifo sobre la adscripción política de periodistas de diversos medios barceloneses. Desde Convergència i Unió se acusó a Sellarés de ser el impulsor del informe, aunque jamás se pudo demostrar que el secretario de Comunicación estuviese detrás del asunto.

Sellarés, el amigo de Carod-Rovira

Sellarés, que todavía goza de buenas amistades tanto en CiU (en realidad, fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya junto a Jordi Pujol, así como el primer director de los Mossos d’Esquadra) como en el Tripartito, llegó al Gobierno a comienzos de 2004 de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y, más concretamente, del entonces conseller en cap, Josep Lluís Carod-Rovira, a quien le une una fuerte amistad personal.

Durante la época de CiU, Sellarés ya realizaba las labores de recopilación de las noticias políticas para la Administración, costumbre que no se rompió con su entrada en el Gobierno. Su marcha tampoco ha alterado la relación de la Fundación con la Generalitat: el pasado mes de diciembre pactó ya con el conseller primer, el republicano Josep Bargalló, el contrato-programa de tres años para continuar con la tarea que ha venido prestando los últimos años.

Según la memoria de la Fundación, ésta realiza para la Generalitat un promedio de 1.165 recortes de prensa diarios, que crecerán a casi 1.350 durante los próximos años. En la actualidad, los dossiers son recibidos por 531 personas, número que se elevará a 860 a partir de 2006. Su presupuesto de funcionamiento, que ahora es de 1,7 millones de euros anuales, alcanzará los 2 millones de euros en 2008.

La Generalitat de Cataluña tiene preparado un convenio de colaboración con la Fundación Centro de Documentación Política para el período 2006-2008 por un monto de 4.250.000 euros. Una cantidad nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta el destino de la misma: la realización de dossiers diarios de prensa -al margen de recopilaciones de noticias audiovisuales-, dossiers semanales de opinión y dossiers de noticias internacionales que puedan interesar a cualquier consejería u organismo autónomo del Gobierno.