Alarma en Justicia: el impago de la productividad a los jueces amenaza con colapsar los tribunales

Los jueces llevan varios meses sin cobrar todo su sueldo. O por lo menos una parte significativa del mismo. Se trata de complementos por productividad que paga el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige López Aguilar no ha abonado todavía las cantidades correspondientes 2005 y los jueces empiezan a sentirse molestos hasta el punto de plantearse rebajar su ritmo de trabajo.

El salario de los jueces cuenta, desde hace algunos años, con una serie de incentivos basados en ciertos cálculos según su productividad. En ese variable se tienen en cuenta diferentes parámetros: número de sentencias dictadas, providencias, autos, casos de especial complejidad...

Según lo que el juez va ‘produciendo’, va sumando puntos. Y cada mes tiene que llegar a una cifra determinada (unos 700 puntos). Entonces es cuando empiezan las distintas variantes posibles. Si el juez consigue menos del 80% de la cifra que debe lograr, entonces puede ser incluso castigado por su bajo rendimiento.

En el caso de que el porcentaje se encuentre entre el 80% y el 120%, el juez cobra su sueldo estipulado. Las cosas cambian si la productividad del titular del juzgado supera el 120%. En ese caso, el Ministerio de Justicia hace una “bolsa” común que luego reparte, proporcionalmente según los puntos conseguidos, entre los miembros de la carrera judicial que han superado el 120%.

Pero todo el sistema se vino abajo cuando el Tribunal Supremo, en una sentencia de este año, echó para atrás este sistema retributivo. Esta circunstancia, ha dejado en el aire las retribuciones por productividad que tenía que pagar el Ministerio de Justicia. De momento, la deuda hace referencia a, principalmente, dos períodos: el primer semestre de 2005 y el segundo del mismo año.

El Ministerio no tiene claro si la sentencia del Supremo tiene efectos retroactivos. Sin embargo, parece que Justicia no se podrá ahorrar el primer período. Con el dinero que puede jugar el equipo de Juan Fernando López Aguilar es con el del segundo semestre de 2005. El argumento que puede esgrimir Justicia es que la certificación de los puntos obtenidos se presentaron a la vez que se produjo la sentencia del Supremo. Esta circunstancia podría provocar el ahorro para el Ministerio de esa partida presupuestaria.

¿Huelga de celo de los jueces?

El retraso en el cobro, la incertidumbre sobre el futuro sistema de retribución tras la sentencia del Supremo –Justicia y el CGPJ manejan ya un proyecto avanzado- y las demoras del Ministerio en sus actuaciones pueden terminar con una huelga de celo encubierta de jueces y magistrados. Es decir, si la productividad ya no va a ser premiada, la Justicia española podría encontrarse con la desmotivación de sus miembros, que no forzarían la máquina para lograr aumentar el porcentaje de trabajo.

Esta disminución de la productividad podría suponer el colapso definitivo de los juzgados españoles. Y el porcentaje sería importante. Por ejemplo, un juez que esté logrando un 130% de productividad y decida, simplemente, llegar a su cuota de cumplimiento levantando el pie del acelerador ante la falta de incentivos, provocaría en su sede judicial un retroceso del rendimiento del 30%.

¿Podría aguantar este frenazo la Justicia española? ¿deben cobrar los jueces según su rendimiento o es preferible otro sistema? Son muchos los interrogantes que quedan en el aire. Pero hay que recordar que el Gobierno del PSOE prometió, en su programa electoral, que todos los ciudadanos recibirían una respuesta de los juzgados antes de dos años. Algo difícil de cumplir sin que los jueces den el todo por el todo.