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Piden 15 años de cárcel para el ex consejero de Trabajo de Cataluña por el denominado ‘caso Treball’
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Piden 15 años de cárcel para el ex consejero de Trabajo de Cataluña por el denominado ‘caso Treball’

La acusación popular pide más de catorce años de cárcel para el ex consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, en el denominado ‘caso Treball’.

La acusación popular pide más de catorce años de cárcel para el ex consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, en el denominado ‘caso Treball’. El escrito de conclusiones, presentado en el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona el día 2 de agosto, también solicita las mismas penas para Josep Maria Servitje, secretario general del Departamento, y para Víctor Manuel Lorenzo Acuña y Santiago Vallvé, representantes de varias empresas que cobraron dinero de la Generalitat por informes que muchas veces eran simples copias de otros y, en otras ocasiones, ni siquiera se llegaron a realizar. El grupo de Iniciativa per Catalunya -Verds (IC-V) pide penas de quince años de cárcel para los implicados.

El escrito de la acusación popular señala que los acusados “pergeñaron un plan que consistió en crear la apariencia de necesitar unos estudios abiertamente inútiles, plagiados en unos casos y, en otros, inexistentes, pues ha sido dificultoso o imposible su hallazgo, merced a lo que conseguir de forma ilícita dinero público para paliar, en parte, su en puridad insaciable voracidad dineraria a costa de las arcas públicas”.

Farreres, además de consejero, fue presidente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el partido coaligado con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En el mismo, también tuvo cargos relevantes Josep Maria Servitje. Los otros acusados eran militantes de la misma formación y Lorenzo Acuña, además, fue cuñado del diputado democristiano Josep Sánchez Llibre, durante un tiempo secretario de Organización de UDC.

“La función de esta persona -continúa el texto- y la del también acusado Santiago Vallvé era la de constituir sociedades al efecto, carentes de toda suerte de infraestructura, conocimientos, capacidad, etcétera, a través de las que desviar dinero público merced al ardid antes descrito, con insano destino a los bolsillos de todos ellos”. Y añade: “Es de observar que todos ellos comparten afiliación política, al ser integrantes de la formación UDC, en la que, como se tiene dicho, han ostentado diversos cargos de responsabilidad (...) formación que siempre les ha servido de paraguas”.

Secuela del ‘Caso Turismo’

Tanto Lorenzo como Vallvé ya fueron condenados por la Audiencia de Barcelona el 13 de octubre del 2005 debido a prácticas similares realizadas en la Consejería de Comercio, Turismo y Consumo, en lo que se conoce como ‘Caso Turismo’. Cuando la instrucción tocaba a su fin, el 4 de agosto del pasado año, ambos devolvieron 22.658,16 euros “y el 26 de octubre de 2005, tras descubrirse nuevas tropelías producto de la instrucción, proceden a un nuevo e insuficiente “reintegro de cantidades” por 23.500 euros más”.

El grupo de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), asimismo personado en la causa, también entregó al juzgado sus conclusiones provisionales, aunque no acusa a Santiago Vallvé. Sin embargo, el texto destaca que todos ello son militantes de Unió y subraya el hecho de que Lorenzo Acuña, además de ser socio y administrador de dos sociedades implicadas en el asunto, era el director de la fundación Empresarial Cataluña Europa América (FECEA). Esta fundación era la organizadora de los viajes del líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, al extranjero.

La acusación popular pide más de catorce años de cárcel para el ex consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, en el denominado ‘caso Treball’. El escrito de conclusiones, presentado en el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona el día 2 de agosto, también solicita las mismas penas para Josep Maria Servitje, secretario general del Departamento, y para Víctor Manuel Lorenzo Acuña y Santiago Vallvé, representantes de varias empresas que cobraron dinero de la Generalitat por informes que muchas veces eran simples copias de otros y, en otras ocasiones, ni siquiera se llegaron a realizar. El grupo de Iniciativa per Catalunya -Verds (IC-V) pide penas de quince años de cárcel para los implicados.