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Un ex consejero de Trabajo de la Generalitat irá a juicio y le imponen una fianza de 46.000 euros
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Un ex consejero de Trabajo de la Generalitat irá a juicio y le imponen una fianza de 46.000 euros

El juzgado de instrucción número 11 de Barcelona dictó ayer un auto de apertura de juicio oral contra el ex consejero de Trabajo de la Generalitat

El juzgado de instrucción número 11 de Barcelona dictó ayer un auto de apertura de juicio oral contra el ex consejero de Trabajo de la Generalitat Ignasi Farreras y contra el secretario general de esta consejería Josep Maria Servitge por presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y de negociación prohibida a funcionarios.

Los hechos de los que se acusa al ex consejero tuvieron lugar en 1994, cuando compró cuatro informes por varios millones de pesetas a dos empresas propiedad de Víctor Manuel Lorenzo Acuña. “El estudio denominado El mundo laboral y la libertad de expresión ha sido indiciariamente plagiado del libro de la autora Gloria P. Rojas Rivero cuyo título es La libertad de expresión del trabajador, Editorial Trotta, año 1991, páginas 17 a 54. El estudio o informe denominado El nuevo sistema de contratación laboral fue copiado del libro de los autores Gonzalo Vidal Caruana y Gonzalo Vidal Beneyto publicado con el título Los nuevos contratos de trabajo, edición CISS de 1994”, señala el auto del juzgado. Estos dos informes fueron realizados por Gestumer.

Otros dos trabajos, tasados en el mismo precio (casi un millón de pesetas por cada uno), fueron ‘comprados’ a la misma compañía: “El estudio sobre la Libertad de expresión y relación de trabajo: principios generales es una copia del capítulo III (páginas 79 a 130 del libro Libertad de expresión e información y contrato de trabajo: un análisis jurisprudencial de Salvador del Rey Guarnter, editado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en el año 1994”, dice el auto. Otro estudio ‘fantasma’ denominado Salario y garantías salariales fue plagiado del libro Estudios sobre el salario, editado en 1993 por la Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales, publicación dirigida por Luis Enrique de la Villa Gil, y su autor era Ignacio Albiol Montesinos.

Por su parte, la sociedad Socesca elaboró el estudio Ius Variandi Empresarial, “que se adjudicó como Estudio sobre las variaciones de las condiciones de trabajo establecidas en el ordenamiento jurídico y que ha sido literalmente copiado y traducido al catalán de la obra de los autores Tomás Sala Franco y Francisco López Tarrudella La modificación de la prestación de trabajo, páginas 34 a 73, Ediciones Deusto”. En septiembre de ese mismo año, Socesca entregó otro informe titulado Cláusulas en los contratos de alta dirección, que “fue copiado del libro La relación laboral del directivo. Contratación y extinción. El contrato blindado, Edición Aranzadi 1994, del autor Eduardo Alemany Zaragoza”.

La formalización de los convenios para la contratación de los estudios se realizó en 1995 y, según el juez, “no se les dio número de expediente ni se siguieron los trámites ordinarios de otras contrataciones. En los cuatro casos, se presentaron presupuestos de las empresas Socesca, ISA Consultores y Gestumer, fechados en distintos días del mes de julio de 1995. Las cuatro ofertas que presentó ISA Consultores están fechadas el mismo día, esto es, el día 14 de julio de 1995, las cuatro de Socesca también están fechadas todas el mismo día, en este caso el día 28 de julio de 1995, y las cuatro ofertas de Gestumer el mismo día 17 de julio de 1995. La concurrencia de tres ofertas es preceptiva cuando el trabajo a realizar supera los 3.000 euros o, en aquella fecha, las 500.000 pesetas. Sin embargo, en esta ocasión, todas las empresas estaban controladas por la misma persona: Víctor Manuel Lorenzo Acuña.

El juzgado de instrucción número 11 de Barcelona dictó ayer un auto de apertura de juicio oral contra el ex consejero de Trabajo de la Generalitat Ignasi Farreras y contra el secretario general de esta consejería Josep Maria Servitge por presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y de negociación prohibida a funcionarios.