El PP anulará todos los acuerdos de una supuesta mesa de partidos cuando llegue al Gobierno

Por primera vez desde que se abrió el proceso sobre el fin de la banda terrorista ETA, el PP dejó claro un límite: nunca reconocerá los acuerdos adoptados en una mesa de partidos, por ser “ilegítimos”, y los anulará “uno a uno” cuando llegue al poder. Tienen “fecha de caducidad”. Lo proclamó su secretario general, Ángel Acebes, en sede parlamentaria.

Ayer se confirmó, por tanto, uno de los mayores temores de los impulsores de la negociación con ETA: que el PP no asuma los acuerdos y que, cuando llegue al Gobierno, los tumbe al no sentirse vinculado. Así se lo han expresado a José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, el presidente siempre ha caminado de puntillas sobre la supuesta mesa política que, según todos los indicios, sus enviados aceptaron en los contactos preliminares con la banda terrorista.

En el universo del PP y de sus votantes, la simple convocatoria de tal mesa supondría pagar un precio político a los terroristas. Porque se quiere convocar fuera del Parlamento vasco, sede de la soberanía vasca reconocida en el Estatuto de Gernika y que ETA cuestiona desde el principio; porque trataría de asuntos políticos, como el futuro del País Vasco; porque allí se sentaría el trasunto de Batasuna…

En la bronca jornada parlamentaria de ayer, el PP de Mariano Rajoy y el Gobierno se tiraron los muertos a la cara, los asesinados por ETA que populares y socialistas tienen en sus filas. El PP lo hizo en el Senado, el Ejecutivo en el pasillo por medio de un portavoz que, off the record, reclamó además de los medios de comunicación que denuncien la postura del PP por el perjuicio que supone para la democracia.

Pío García Escudero, portavoz popular en el Senado, recriminó a Zapatero el haber auspiciado desde 2002 una estrategia de contactos con Batasuna, conocidos y consentidos, mientras "ETA asesinaba a su compañero Joseba Pagazaurtundua", jefe de la Policía Local de Andoain (Guipúzcoa), muerto a manos de la banda terrorista en febrero de 2003.

Visiblemente molesto, el presidente dio por no pronunciadas estas palabras porque tanto dolor sufrido no merece "una confrontación de esta naturaleza". "No la merece –insistió-. Merece sentido de la responsabilidad de Estado como ha caracterizado a todas las fuerzas políticas democráticas desde la transición hasta aquí, hayan estado en el gobierno o en la oposición".

Pero en los pasillos, una alta fuente de su Ejecutivo explicó a los periodistas que García Escudero se había pasado de la raya y que la respuesta del presidente podría haber sido la de recordar "diez fechas, diez comportamientos" del Ejecutivo de José María Aznar, como que el concejal del PP Miguel Ángel Blanco fue asesinado en julio de 1997 y apenas un año después Aznar autorizó abrir el diálogo con ETA.

Rendición o salvar vidas

Poco después, este abismo se abrió aún más en el Congreso. Allí Rajoy lanzó una advertencia a Zapatero: vamos camino de la rendición “del Estado democrático a una organización terrorista”, algo que su partido no piensa aceptarlo “de ninguna manera”.

El presidente le respondió comprometiéndose a perseverar en su objetivo: poner fin a la violencia porque “en política el empeño más noble es salvar vidas y garantizar la libertad de nuestros compatriotas".

La pregunta de Rajoy se centraba en la rebaja de penas que pretende pedir el fiscal para el terrorista Juan Ignacio de Juana Chaos. Hace tres meses, la fiscalía reclamaba 96 años de cárcel; ahora, puede ser de seis. En este tiempo se ha producido la huelga de hambre del etarra, de poco menos de dos meses. Y viene la pregunta: ¿qué ha cambiado?