El ‘caso Malaya’ obliga a Interior a destinar 257 guardias civiles a combatir la corrupción urbanística

Un comandante, un capitán, un teniente, un alférez, doce sargentos, 17 cabos y 224 guardias civiles. El Ministerio del Interior destinará finalmente un total de 257 miembros del Instituto Armado a crear unidades especializadas en “la lucha contra los delitos en el ámbito urbanístico e inmobiliario”. Así aparece recogido en el proyecto que el director General de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, envió en septiembre a Alfredo Pérez Rubalcaba y a cuyo contenido ha tenido acceso El Confidencial.

Dicho documento justifica la puesta en marcha de estas nuevas unidades en la “gran alarma social” creada por los escándalos destapados en los últimos meses, entre ellos el caso Malaya, que “suponen un ataque directo a los principios que sustentan las convivencias democráticas”. Por ello, el proyecto señala que el gran objetivo de este plan de choque es “la detección y represión de los delitos urbanísticos, la investigación de las redes y tramas relacionados con este tipo de criminalidad y la persecución de todo ilícito que tenga connotaciones con la ordenación del territorio”.

Como primera medida, el informe -que ya ha recibido el visto bueno del ministro del Interior- apunta la necesidad de crear a comienzos de 2007 un “Grupo de Delitos Urbanísticos” encuadrado en la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia organizada. Dicho grupo estará compuesto por un total de 25 agentes: un comandante, un capitán, un alférez, dos sargentos, cuatro cabos y dieciséis guardias civiles. Se encargará de la investigación contra la corrupción urbanística y tendrá su sede en Madrid, aunque sus miembros se desplazarán allí donde sea requerido.

Potenciar el ‘Seprona’

El proyecto recoge también la formación de “Equipos especializados en Delitos Urbanísticos” en todas y cada una de las 54 comandancias que la Guardia Civil. Cada uno de estos equipos -que estarán encuadrados en las Secciones de Investigación Criminal de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial- estará compuesto por tres efectivos cada uno, lo que obligará a Interior a destinar un total de 162 agentes.

El despliegue de la Benemérita se completará con el refuerzo en el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) del Equipo Central de Inspección Medioambiental (ECOMA) -al que se incorporarán siete nuevos guardias civiles-, así como con la creación de 21 equipos periféricos dependientes de éste, que estarán repartidos en otras tantas comandancias -cada uno de ellos formado por seis agentes-. Interior ha dispuesto que estos nuevos grupos sean emplazados “en aquellas zonas en las que el desarrollo urbanístico ha experimentado un mayor crecimiento”.

Por ello, habrá Equipos de Inspección del Seprona principalmente en las provincias costeras, en concreto en las comandancias de Cantabria, Oviedo, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tenerife, Las Palmas, Mallorca e Ibiza. A ellas se sumarán sólo tres comandancias interiores: Sevilla, Zaragoza y Madrid. Ni Cataluña ni el País Vasco han sido incluidas en este despliegue, ya que en ambas comunidades autónomas este tipo de delitos es competencia de sus policías autonómicas.

Todos estos grupos, según el proyecto de Mesquida al que ha tenido acceso este diario, mantendrán “una estrecha colaboración” con el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, así como con los fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas especializados en dichos delitos.