Garzón echa un capote al Gobierno con una operación contra el blanqueo de capitales que tapa el fracaso de Montilla

Zapatero y Fernando Moraleda le han cogido el gusto a la técnica de la ‘contrainformación’. Cuando la actualidad ‘no le sonríe’ al Gobierno, se lanza una operación de fuerte impacto mediático para que la opinión pública mire hacia otro sitio. Baltasar Garzón, en calidad de juez de guardia de la Audiencia Nacional, ordenaba ayer el registro de las sedes del Banco Espirito Santo en Madrid y Barcelona, y de BNP-Paribas en la capital. Nacía la Operación Suéter justo doce horas después del fracaso de José Montilla en las elecciones catalanas.

El 26 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. En éste se solicitaba el registro de oficinas del Banco Espirito Santo y del BNP-Paribas. La duda es por qué si se presentó una semana antes, no se actuó hasta ayer. Fuentes judiciales consultadas por El Confidencial afirman que no hay ningún plazo procesal ni ninguna circunstancia que justifique el hecho de que se hayan retrasado los registros.

Estas mismas fuentes apuntan a que la demora sólo se explica por una de estas tres hipótesis: que el juez se haya ausentado o no haya visto la petición, que haya estado valorando si procedía o no el registro, o que el juez haya decidido que había que hacerlo el 2 de noviembre.

Existen otros precedentes en esta misma línea de ‘contrainformación’: acallar el ruido del ‘Estatut’ y las negociaciones con ETA mediante la Operación Malaya, y evitar un aluvión de titulares sobre el ‘caso Bono’ y la ruptura del Tripartito con la Operación Atrio (caso Fórum y Afinsa).

El pasado 24 de marzo ETA anunciaba su ‘alto el fuego permanente’. La declaración de la banda terrorista obligaba a Zapatero y a Rajoy a reunirse en el Palacio de La Moncloa, el 28 de marzo, para hablar del nuevo escenario de la lucha contra el terrorismo. Durante el encuentro reinó el desacuerdo y supuso el punto final del Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Sólo dos días después, el 30, el Congreso debía aprobar el Estatuto de Cataluña. Una semana muy delicada para el Ejecutivo que necesitaba desviar la atención a toda costa.

Sospechosas coincidencias

Así, el miércoles 29 de marzo saltaba a la luz el ‘circo’ de la Operación Malaya. Una operación con todos los ingredientes para eclipsar a ETA y al culebrón del ‘Estatut’. Ricos y famosos en la cárcel, abogados de prestigio y rumores de romances con políticos implicados en el caso. Dinero, relaciones sentimentales y política mezclados con corrupción, la fórmula perfecta para llenar informativos y programas del corazón en televisión, lo mismo que los titulares de la prensa y las tertulias de la radio.

El lunes 8 de mayo nacía el ‘caso Bono’: un tribunal de Madrid condenaba a penas de cárcel e inhabilitación a tres policías. Los agentes habían detenido ilegalmente a dos militantes de PP de Las Rozas a los que se les acusaba de haber agredido al ex ministro de Defensa durante una manifestación de la AVT. Se demostró que a José Bono nadie le había tocado. José Antonio Alonso era el titular de Interior cuando se sucedieron los hechos, y por tanto, responsable de las detenciones.

Viendo la que se le venía encima al Ejecutivo, al día siguiente saltó a los medios la Operación Atrio contra las empresas de inversión en sellos Afinsa y Forum Filatélico. A las sedes de ambas entidades se envió a los GEOs en un alarde de espectacularidad e impacto mediático. Cerca de medio millón de afectados. Los periodistas se volcaban en recoger los testimonios de las víctimas de la supuesta estafa y en explicar a la opinión pública el funcionamiento de los sistemas piramidales de captación de ahorros.