Fiscales y magistrados se echan la culpa por la metedura de pata que permitió absolver al etarra que secuestró a Aldaya

Una prueba genética practicada a una maquinilla de afeitar demostró que el etarra Gregorio Vicario Setién fue el secuestrador del industrial José María Aldaya, ‘enterrado en vida’ durante 341 días, “pudriéndose”, como dijo él mismo en el juicio. La maquinilla se encontró en el zulo donde tuvieron encerrado al industrial. Pero este hecho probatorio no se presentó en el juicio oral y la Audiencia Nacional absolvió al terrorista la semana pasada.

Desde entonces, los fiscales y magistrados que participaron en el juicio andan a la greña, echándose en cara, sotto voce, la responsabilidad sobre tamaño lapsus. Al mismo tiempo, la sombra de un cese voluntario, o cambio de destino, planea sobre la cabeza del fiscal que ejerció la acusación, Ignacio Gordillo, último mohicano no adscrito a la línea del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Zaragoza.

A petición de Zaragoza, Gordillo ha entregado ya un informe detallado en el que relata lo sucedido, mientras que la Fiscalía anunció ayer ante el Tribunal Supremo que interpondrá un recurso contra la sentencia. Dicho recurso invocará el quebrantamiento de un precepto constitucional, concretamente del artículo 24 de la Carta Magna, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, y un error en la valoración de la prueba.

Más sombras. Los magistrados que absolvieron al etarra basaron su decisión en que la prueba genética de la maquinilla no fue presentada en el juicio oral. Pero la conocían, porque hablan de ella en su sentencia. Además, no tuvieron en cuenta que compañeros del comando habían identificado a Vicario Setién como uno de los integrantes del grupo que mantuvo secuestrado al industrial.

El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Emilio Murcia, que tampoco cayó en la cuenta del informe pericial, lleva desde la semana pasada insistiendo -a familiares, amigos y profesionales- que la mayoría de las condenas de terroristas de ETA se producen por la delación de sus compañeros. De ahí su extrañeza de que, esta vez, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no haya tenido en cuenta de la identificación de los compañeros del terrorista. El tribunal estuvo compuesto por Clara Bayarri (presidente), Eustasio de la Fuente (ponente) y Ricardo Rodríguez.

Más paradojas. Uno de los magistrados que firmó la sentencia absolutoria, Ricardo Rodríguez Fernández, fue el ponente de una sentencia dada a conocer ese mismo día en la que se condena al mismo terrorista, Vicario Setién, por un intento de asesinato de un militar basándose en la delación de dos miembros de ETA, según relatan fuentes jurídicas.

Para que adquiera fuerza jurídica plena, toda prueba tiene que ser presentada en el juicio oral; esto es, sometida al acto contradictorio delante de todas las partes. De ahí la extrañeza por la que el fiscal y la acusación no presentaran el informe pericial donde se demuestra la presencia del ADN de Vicario Setién en el zulo.

Las razones del fiscal

El fiscal Gordillo explica a su jefe en su informe que la razón que le impidió llevar esta prueba al juicio fue porque se presentó en la Audiencia Nacional el pasado 11 de septiembre, cuando él ya había remitido a la Sala su escrito de acusación.

Añade, además, que la Sala en ningún momento indica en su sentencia a qué secuestro se refiere, detalle que Gordillo considera de importancia porque en el mismo zulo estuvieron retenidos Aldaya (del 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996) y Cosme Delclaux (del 11 de noviembre de 1996 al primero de julio de 1997).