El alcalde de San Javier y otras seis personas declaran en la Fiscalía de Murcia

El alcalde de San Javier (Murcia), José Hernández (PP), y otras seis personas entre las que hay representantes de empresas constructoras con él relacionadas declararon esta mañana como imputados ante el fiscal Juan Pablo Lozano, sobre presuntos tratos de favor y reclasificación y cesión irregular de terrenos en ese municipio que ocupa parte de la ribera del Mar Menor y de La Manga.

El fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, ha delegado en este otro fiscal, que lleva varios años trabajando en Murcia, para que realice la investigación puesto que Lozano será nombrado próximamamente fiscal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente en la Región.

El asunto central de la declaración de hoy es la cesión en 2005 del terreno sobre el que se iba a construir un nuevo hospital para San Javier y que se revalorizó por diez poco después de ser obtenido por Urdemasa, una de las constructoras más potentes de la zona, con cuyo dueño, Santiago Martínez Esparza, participó el alcalde José Hernández en la sociedad Nueva Valencia al Mar.

Desde primera hora de la mañana han declarado cinco técnicos del Sevicio Murciano de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, que desaconsejaron que se construyera en la parcela previamente comprada por Esparza gracias a la información que le facilitó el alcalde, según la denuncia presentada en mayo pasado por el Grupo Independiente municipal de San Javier.

Hernández pretendió sin conseguirlo que el pleno municipal aprobara la construcción del hospital en esa parcela ya propiedad de Esparza en abril de 2005.

El regidor José Hernández comenzó su declaración después de las doce y media de la mañana. Otros declarantes llamados por la Fiscalía en la mañana de hoy han sido representantes de las empresas Urdemasa, de Santiago Martínez Esparza, y Peinsa, propiedad de Juan Gracia Jiménez, también socio de Nueva Valencia al Mar.

La Fiscalía investiga presuntos tratos de favor a esas dos empresas en reclasificiaciones de terrenos rústicos y afectos al Trasvase Tajo-Segura para construir en ellos complejos urbanísticos con campos de golf como los de Roda Golf (1.800 viviendas) y Señorío de Roda (varios cientos).

Éste es el segundo alcalde del PP en Murcia que ha sido imputado por la Fiscalía del TSJ. El primero, en julio pasado, fue el de Mazarrón, Francisco Blaya. El fiscal trasladó entonces las diligencias abiertas por presunto cohecho y malversación de fondos al juzgado, que instruye la causa desde entonces.

Paralelamente, María del Carmen Vigueras, portavoz del PP en el consistorio de Los Alcázares, también en el Mar Menor, anunció que llevará a la Fiscalía la compra de parcelas a precio de “regalo” por el nuevo alcalde, José Antonio Martínez Meca (PSOE), a la empresa José Díaz García, adjudicataria por casi 32 millones de euros de la obra de urbanización del plan parcial donde están esas parcelas, en 2004.

Martínez Meca ocupa la alcaldía de Los Alcázares desde la dimisión hace tres meses de Juan Escudero, que apareció relacionado con el capo marbellí nacido en Cartagena, Juan Antonio Roca, asunto que investiga un juzgado de San Javier.

Un tercer alcalde del PP, Lázaro Mellado, de Alcantarilla, tiene una petición fiscal de un año y particular de seis en el proceso que instruye el juzgado de Instrucción número cuatro de Murcia desde 1999 por contaminación del río Segura. Ese juzgado ha cambiado de titular varias veces sin que se haya resuelto sobre el asunto.