Una Ley que sólo costará 20 millones de euros

La Ley de la Memoria Histórica saldrá barata, ya que las prestaciones económicas que incluye suponen un costo total de 20 millones de euros, según un documento del Gobierno al que ha tenido acceso este diario. Esos son los cálculos del Ejecutivo, porque el proyecto de Ley enviado al Congreso no tiene memoria económica todavía.

Los 20 millones de euros irán destinados a pagar las pensiones y ayudas de las personas que quedaron excluidas de las indemnizaciones aprobadas en el pasado. Se trata, en especial, de los condenados en los llamados Batallones Disciplinarios, que fueron privados de libertad y condenados a trabajos forzados tras la Guerra Civil.

También se incluye en el cálculo las indemnizaciones a las personas que fallecieron en defensa de la democracia entre 1968 –fecha en la que entra en vigor la Ley de Víctimas del Terrorismo- y octubre de 1977, cuando se promulgó la Ley de Amnistía. A su vez, se incluye en este presupuesto que tales pensiones e indemnizaciones quedarán exentas del pago de IRPF.

Desde la llegada de la democracia y hasta ahora, se han pagado 16.356 millones de euros en concepto de pensiones e indemnizaciones que abarcan a un total de 574.000 expedientes. De ellos, 391 millones de euros corresponden a indemnizaciones por estancia en prisión, mientras que 15.965 supone el pago total de las pensiones.

Así figura en el informe de la Comisión Interministerial encargada de elaborar la Ley de la Memoria Histórica. A fecha de enero de 2006, hay 95.943 personas que perciben una pensión por haber sufrido prisión durante el franquismo o ser viudo de una víctima de la dictadura.

El proyecto del Gobierno contempla que las administraciones públicas estarán obligadas a facilitar a los familiares directos de las víctimas o a las asociaciones las tareas para localizar e identificar los cadáveres de represaliados.

Este último aspecto se incluía en el acuerdo adoptado el 20 de noviembre de 2002 entre Alfonso Guerra y Diego López Garrido, por el PSOE, junto a Manuel Atencia y José Antonio Bermúdez de Castro, por el PP. La diferencia estriba en que aquel documento “insta” a las administraciones públicas a facilitar la localización e identificación de los restos mortales y, ahora, se proclama su obligatoriedad.

El Valle de los Caídos continuará siendo lugar de culto y cementerio. Pero el proyecto del Gobierno incluye la prohibición de que en su interior se lleven a cabo actos de exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura. Además, la Fundación que gestiona este monumento franquista, situado en la Sierra de Madrid, incluirá entre sus objetivos el honrar la memoria de todas las personas fallecidas de 1936 a 1939 y en la represión política posterior.