Campos, más de 600.000 euros en pleitos por una urbanización ilegal

El ‘caso Andratx’ “es un caso aislado”. Palabras textuales del presidente popular balear Jaume Matas. Sin embargo, haberlos haylos en las islas y desde hace más de una década. Un ejemplo es el Ayuntamiento del municipio mallorquín de Campos, que lleva invertidos más de 600.000 euros del erario público en pleitos por una pequeña urbanización ilegal a pie de playa paralizada desde 1995.

El Gobierno local gobernado por el Partido Popular desde la Transición (antes Alianza Popular) concedió una licencia municipal para la construcción de 67 apartamentos en un espacio protegido, Ses Covetes, en la playa de Es Trenc. Desde entonces, este caso lleva una vida jurídica intensa con más de diez resoluciones a lo largo de 14 años. El Grupo Balear de Ornitología, en alguna ocasión junto al Partido Socialista de Mallorca, explicó a este diario cómo desde el primer momento se querelló contra estas obras porque “burlaban la ley”: la urbanización se encuentra a menos de 100 metros de la costa.

La promotora afectada, Marian Ernts, de capital alemán, actualmente está en quiebra, pero sus acreedores, junto al Ayuntamiento de Campos, no han cejado en su empeño de legalizar los trece bloques de pisos. El caso ha pasado por el Consell de Mallorca, el Govern balear, el Gobierno Central, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares hasta llegar a las más altas instancias judiciales.

La última sentencia vino de la mano del Tribunal Supremo, que ratificaba un anterior dictamen de la Audiencia Nacional impugnado por el Ayuntamiento. El Supremo determinó que la franja de protección de Ses Covetes es de 100 metros, que los terrenos objetos de litigio no eran urbanizables cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988 y, por tanto, que los 67 apartamentos son ilegales. El resultado es un complejo urbanístico inacabado, antiestético y peligroso puesto que carece, según la prensa local, de vallas protectoras que impidan el paso.

Oportunidades perdidas

La primera batalla se libró en 1992, cuando el Consistorio otorgó la licencia de obras a la mencionada promotora, exactamente a 20 metros de la playa de Es Trenc. En 1994 el Ayuntamiento desestimó el recurso del Grupo Balear de Ornitología y el Partido Socialista de Mallorca que demandaban la anulación de la licencia. Las obras se paralizaron en 1995.

Ese mismo año, el Gobierno local recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia balear (TSJB) y luego ante el Supremo la paralización de las obras de los 67 apartamentos. Posteriormente, recurrió ante el TSJB el acuerdo del Consell de Mallorca que modificaba las normas subsidiarias y anulaba la clasificación de suelo urbano de una parte de Ses Covetes. Un año más tarde, de nuevo el Consistorio recurre ante el TSJB y el Supremo que no se suspendiera la anulación de la modificación de las normas subsidiarias mencionadas.

En el 98 recurre ante el Supremo una sentencia del TSJB que aceptaba el recurso interpuesto por el Grupo Balear de Ornitología y el Partido Socialista de Mallorca sobre la licencia. Asimismo, se presenta ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial de Medio Ambiente que creaba una franja de protección de 100 metros y, por tanto, hacía inviable las edificaciones.

Finalmente, en 2002, el Ayuntamiento de Campos presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que desestimaba su pretensión de anular la protección de la zona. La resolución, como explicábamos más arriba, llegó este año quitándoles de nuevo la razón y restando a las cuentas públicas locales más de 600.000 euros en recursos.