La Fiscalía indaga sobre el nuevo alcalde de Los Alcázares (PSOE) y ya son 30 los ediles investigados

La apertura por parte de la Fiscalía de Murcia de diligencias sobre las actividades del nuevo alcalde de Los Alcázares, José Antonio Martínez Meca (PSOE), eleva a casi 30 los procedimientos abiertos por el fiscal jefe, Manuel López Bernal, y convierte definitivamente el año 2006 en el de las investigaciones judiciales por supuestos casos de corrupción urbanística en Murcia.

A Martínez Meca y a un ex concejal, Sergio Gil (PSOE) se les va a investigar por la compra de unos solares a mitad de precio que luego, gracias a reclasificaciones de suelo, multiplicaron su valor por diez. Llueve sobre mojado en el Ayuntamiento socialista de Los Alcázares (Mar Menor), pues el anterior alcalde, Juan Escudero, dimitió durante el verano al aparecer relacionado con negocios inmobiliarios del capo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, con la correspondiente investigación fiscal abierta.

Pero el recuento de las intervenciones del fiscal muestra que los mayores partidos de la Región de Murcia, PP y PSOE se reparten en una proporción muy parecida al porcentaje de ayuntamientos que gobiernan (75% y 25%) la casi treintena de actuaciones abiertas por el fiscal jefe López Bernal desde que tomó posesión en febrero pasado.

El único caso, hasta el momento, de un alcalde investigado y cuyo sumario ha sido trasladado al juzgado es el de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), inmerso en un asunto de presunto cohecho y malversación de fondos públicos.

Ayuntamientos emblemáticos

Entremedias, las investigaciones relacionadas con reclasificaciones de suelo, conversión de regadíos en urbanizaciones, etcétera alcanzan a ayuntamientos emblemáticos del PP, como los de la capital murciana, Cartagena y San Javier, y alguno gobernado por independientes pero donde las salpicaduras alcanzan de lleno a concejales de PP y PSOE, caso de Águilas.

La sombra de Juan Antonio Roca ha ido apareciendo cada vez más nítida tras el asunto de Los Alcázares (PSOE), pues se cierne sobre el de Cartagena (PP), donde aparece su nombre detrás de los testaferros vascos (Grupo Yeregui) que actuaron como intermediarios de la Kutxa de San Sebastián, que también está relacionada financieramente con las reclasificaciones de suelo en Águilas conseguidas inicialmente por un gran constructor de la Región, Trinitario Casanova, cabeza visible del Grupo Hispania.

Detrás de otras reclasificaciones para construir ‘megaurbanizaciones’ con campos de golf aparecen, antes o después, otros egregios nombres de la construcción nacional, como el grupo local Polaris World, autoproclamado “número uno europeo en turismo residencial” o, incluso, el magnate local elevado a primera línea nacional Luis Fernando del Rivero (Sacyr-Vallehermoso).

A pesar de que la proporción entre partidos de asuntos investigados muestra lo contrario, el PP considera -bajo cuerda, nunca públicamente- al fiscal López Bernal su “enemigo”, y le acusa de ser un peón al servicio del PSOE, cosa esta última que sí ha sido dicha oficialmente por algún portavoz popular de segunda fila.

La Fiscalía, por otro lado, encuentra en la falta de medios en la Región de Murcia una de sus principales dificultades: la provincia de Alicante, por ejemplo, con la misma población, dispone de 17 fiscales más que la de Murcia. Y prácticamente todos los de Murcia son originarios de la propia región, cosa que fuentes jurídicas consideran que dificulta las investigaciones.

Como ejemplo, esas fuentes citan el caso del ex fiscal Anticorrupción, José María Alcázar Viera de Abreu dimitido, supuestamente, por un conflicto de competencias con el fiscal jefe, de quien ha sido buen amigo durante años, a los dos meses de tomar posesión de su cargo.