Abogados franceses asesoran a Batasuna para forzar en Estrasburgo la reforma de la Ley de Partidos

Es una posibilidad remota, pero la izquierda abertzale ha decidido apostar abiertamente por ella. Batasuna esperará a que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decida en las próximas semanas sobre la admisión o no del recurso que presentó hace dos años contra su ilegalización para tomar una decisión sobre qué fórmula utilizará para concurrir a las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo. Para ello, su equipo jurídico, liderado por el histórico Iñigo Iruín, cuenta con el apoyo de un despacho de abogados franceses que en las últimas semanas ha redoblado sus esfuerzos para conseguir que el pronunciamiento de este tribunal no se retrase más allá de febrero, fecha límite para anunciar formalmente sus candidaturas.

Así lo han confirmado a El Confidencial varias fuentes políticas vascas, que añaden que el encargado de coordinar ambos equipos jurídicos es Joseba Álvarez, miembro de la Mesa Nacional de la ilegalizada formación y responsable del aparato internacional de la misma. Según estas fuentes, la izquierda abertzale está convencida desde hace tiempo de que en la actual situación la legalización de Batasuna “es jurídicamente imposible” ante la firmeza del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de no modificar la Ley de Partidos. Por ello, su única esperanza para mantener su actual denominación es que Estrasburgo admita a trámite la querella.

Y ello a pesar de que dicha admisión no prejuzga una sentencia a su favor que, por otra parte, puede tardar aún años en llegar y que ni siquiera obliga a los gobiernos. “Sin embargo, están convencidos de que ganar este primer combate puede forzar a Zapatero a, por lo menos, reformar los artículos de la Ley de Partidos que le impiden presentarse en estos momentos con su actual nombre y con sus líderes en las listas. También creen que si el presidente pidió el respaldo de la Unión Europea hace pocos meses no podrá negarse ahora a seguir los dictados de un tribunal internacional”, añade un político vasco consultado.

En este sentido, desde el propio PSE reconocen a este diario que la simple admisión de la demanda supondría un importante varapalo para el Estado y no descartan algún tipo de paso por parte de Moncloa. De hecho, el abogado que defiende los intereses del Estado en Estrasburgo y que pidió ante el Tribunal de Derechos Humanos la desestimación de la misma, admitió hace unos meses en sus alegaciones que la situación en que se produjo la ilegalización de Batasuna (marzo de 2003) se había modificado sustancialmente tras el “alto el fuego permanente de ETA” y la anunciada apuesta de la izquierda abertzale por vías exclusivamente políticas y democráticas.

Otras fórmulas en la reserva

Mientras llega la decisión, destacados dirigentes de la izquierda abertzale siguen presentando en ciudades y pueblos del País Vasco y Navarra las plataformas ciudadanas con las que supuestamente pretenden acudir a la cita con las urnas de mayo. No obstante, diversas fuentes políticas vascas consultadas por El Confidencial en los últimos días, apuntan que la presentación de éstas -que continuará en los próximos días- “es sólo una pantalla con la que intentan empezar a movilizar a su gente”.

De hecho, hasta ahora, los dirigentes de la ilegalizada formación se han cuidado mucho, tanto en público como en sus entrevistas en la sombra con representantes de los otros partidos, de concretar cuál va a ser la fórmula jurídica que utilicen para acudir a las urnas. “Ellos insisten en que su primera opción sigue siendo concurrir bajo la denominación Batasuna”, asegura uno de sus interlocutores en las otras formaciones vascas.