El PP catalán pide que se pueda desalojar a los okupas sin necesidad de orden judicial

El Partido Popular ha pedido al Gobierno catalán modificaciones en la ley para que se pueda proceder al desalojo de viviendas ocupadas sin necesidad de una orden judicial. Así consta en una moción presentada por su portavoz, Daniel Sirera, que se verá en el Parlamento autonómico. Las competencias legislativas en este tema, sin embargo, pertenecen al Gobierno central, por lo que Sirera pide al ejecutivo que preside José Montilla que presione al gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero para que haga las “reformas legislativas necesarias para que los inmuebles ocupados ilegalmente puedan ser desalojados inmediatamente sin necesidad de esperar a una resolución judicial”.

La cuestión no es baladí, ya que Barcelona está considerada la segunda capital europea de los okupas. Este colectivo, apoyado por diversos grupos antisistema, hizo posponer la cumbre internacional sobre la vivienda que se iba a celebrar en la capital catalana hace escasas semanas. Tanto el Gobierno central como la Generalitat argumentaron que no podrían garantizar la seguridad de la cumbre, ya que esperaban la llegada de grupos okupas de todo el mundo y, en plena época electoral, temían que se produjesen batallas campales en el centro de la ciudad.

Según declaró Sirera a El Confidencial, “la guardia urbana puede desalojar edificios públicos ocupados sin necesidad de ninguna orden judicial, pero un particular no puede hacerlo. Por eso, queremos que se equiparen todas las situaciones y que los inmuebles privados puedan ser también desalojados sin necesidad de esperar a un auto del juez”. Uno de los puntos de la moción insta también al Gobierno catalán a “garantizar el derecho a la propiedad privada, evitando que se produzcan actos de ocupación de inmuebles y actuando activamente para evitarlos, no dejando que se produzcan situaciones o manifestaciones violentas que atenten contra la ley”.

Clima de inseguridad ciudadana

La petición, no obstante, es un torpedo a la línea de flotación del consejero de Interior, Joan Saura (de Iniciativa per Catalunya Verds, ICV). Esta formación ha defendido tradicionalmente a sectores vinculados a movimientos anarquistas y de okupas. Con el clima de inseguridad ciudadana generado por los últimos asaltos violentos a viviendas, el PP ha hecho del tema de la seguridad su caballo de batalla, consciente de que es uno de los flancos que más puede erosionar al Tripartito y que le puede dar también más réditos electorales.

Otra de las medidas propuestas por los populares es la instalación de cámaras de videovigilancia “en aquellos espacios públicos de mayor inseguridad”.