España, en los juzgados

España se encuentra atascada en los tribunales. Los juzgados tienen que dilucidar sobre todos los grandes asuntos que suscitan el debate nacional, mientras que el Gobierno, el poder Ejecutivo, no remonta desde el atentado del 30-D y las Cortes Generales, el Legislativo, continúan de vacaciones hasta la segunda semana de febrero. La masacre del 11-M; el destino del etarra Juan Ignacio De Juana Chaos, en huelga de hambre desde octubre; la entrevista entre el lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, y los líderes de la ilegal Batasuna; las OPAs sobre Endesa; la corrupción urbanística materializada en los juzgados con cruces de denuncias entre PP y PSOE …

Todos los debates de importancia están en los juzgados. Mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente, sigue empecinado con el Proceso que abrió para el fin de ETA, objetivo sobre el que aparenta haberse jugado su futuro político a una carta. Y sus ministros vagan por La Moncloa porque su gestión no luce, aunque se dediquen a ello o viajen por España y aprueben asuntos de gran calado.

Como ejemplo está la Ley de Dependencia. Hace un tiempo la cuantía de los fondos destinados al llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar hubieran suscitado un debate en toda España; en cambio, el lunes se aprobó la creación del Consejo Nacional de la Dependencia, con bronca del PP incluida, y el asunto no pasó de fugaz cometa que voló ante el ojo público. Fue un visto y no visto, cuando los Presupuestos Generales del Estado sólo han destinado para este año 400 millones de euros con el fin de paliar los casos más graves de personas dependientes.

En el PSOE reconocen que el terrorismo es la cruz de su legislatura, y ven normal la preponderancia de la Justicia, ya que es un asunto que está a caballo entre los juzgados y la política. De ahí que fuentes internas entiendan que no se ha producido una judicialización de la política. Asumen que el 30-D y sus consecuencias eclipsan la gestión del Gobierno, pero confían en que se levante la losa de ETA tarde o temprano.

Las mismas fuentes acusan al PP de haber utilizado al ala conservadora del poder Judicial para “aumentar la crispación y atacar al Gobierno”. Como ejemplo explican la resolución del Supremo sobre las Herriko Tabernas de Batasuna, en la que ordenó el registro de esas sedes de la ilegal Batasuna para inventariarlas, cuando aún estaba vigente la tregua etarra. En su visión, el próximo juicio oral del 11-M perjudicará al PP: se trata de un asunto no cerrado del anterior Ejecutivo y la reaparición de este debate provocará una mayor cohesión entre los electores –la mayoría, según el PSOE- que no se han creído las teorías conspirativas.

Por su parte, el PP ha dado por terminada la legislatura y sus portavoces difunden estos días que su líder Mariano Rajoy ha encargado la elaboración del programa de gobierno para las próximas elecciones generales. En realidad, los populares se prepararon para este escenario a la vuelta del verano. Fue entonces cuando pusieron en marcha toda la maquinaria electoral bajo la hipótesis de que Zapatero adelantaría los comicios, algo que ha descartado el presidente.

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