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La Guardia Civil abrirá expedientes gubernativos a tres de los agentes que se manifestaron el sábado
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La Guardia Civil abrirá expedientes gubernativos a tres de los agentes que se manifestaron el sábado

La manifestación de guardias civiles y policías bajo el lema ‘Derechos, ya’ del pasado sábado ya tiene consecuencias. La Dirección de la Guardia civil decidió el

Foto: La Guardia Civil abrirá expedientes gubernativos a tres de los agentes que se manifestaron el sábado
La Guardia Civil abrirá expedientes gubernativos a tres de los agentes que se manifestaron el sábado

La manifestación de guardias civiles y policías bajo el lema ‘Derechos, ya’ del pasado sábado ya tiene consecuencias. La Dirección de la Guardia civil decidió el martes abrir expedientes gubernativos a los tres guardias civiles que se encontraban en la tribuna de la Plaza Mayor de Madrid, aseguraron fuentes de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC). Todos los asistentes eran conscientes del riesgo que corrían y, en este caso tres de ellos, tendrán que soportar las sanciones que “con la ley en la mano significa la expulsión del cuerpo”. La Dirección General se limita a admitir que “se ha solicitado un informe a la asesoría jurídica, pero nada más”.

Los miles de guardias civiles que se concentraron en Madrid reclamaban la modernización y desmilitarización del instituto armado. En la convocatoria previa se instaba a los efectivos a vía SMS a asistir “el 20 de enero a las 12,00 horas con botones dorados, camisa verde y charol, sin herramienta”, esto es, sin armas. El Código Penal Militar, por el que aún se rige la Guardia Civil, establece que el arma forma parte del uniforme y no llevarla es “falta grave”.

Por otra parte, la Constitución no permite la asociación sindical ni manifestaciones de un colectivo que por norma esté armado. “La Guardia Civil no podemos vestir sin arma, pero no puede haber armas en un acto público” por ello, los miembros de la Benemérita, gran parte de ellos de los distintos destacamentos de tráfico tal y como relatan varios asistentes, prefirieron arriesgarse a no llevar pistolas antes de que “la sociedad protestara porque les recordara a un golpe de Estado”, ironizan en la UPGC.

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, manifestó en las horas posteriores a la concentración que no le "consta que se cometiera ninguna ilegalidad" y así se lo comunicó al ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, quien realmente tiene potestad para decidir, según asociaciones de guardias civiles. Ambos pasaron la ‘patata caliente’ al directo de la Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, quien ordenó finalmente la elaboración de informes.

Avances políticos

El pasado lunes, el ministro de Defensa anunció la aprobación de un real decreto para regular cuáles son las funciones militares de la Guardia Civil para "no dejar lugar a duda" de cuándo actúa como cuerpo policial y cuándo como Ejército. Esto significa “abrir un melón peligroso”, estiman en la UPGC, “porque enfrenta a los jefes de la Guardia Civil con el Gobierno ya que no siempre están dispuestos a perder cierto estatus en misiones internacionales, por ejemplo”.

Además, Alonso aseguró que el Gobierno "está cumpliendo" en esta materia el programa electoral del PSOE como demuestra la aprobación, en el Consejo de Ministros del pasado 12 de enero, del nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil que incluye la suspensión de la sanción de arresto para los agentes del instituto armado, salvo que realicen misiones militares. Prometió, por otra parte, que el Ministerio del Interior presentará "en un futuro próximo" al Consejo de Ministros un Estatuto o Ley de Derechos y Obligaciones de la Guardia Civil.

La manifestación de guardias civiles y policías bajo el lema ‘Derechos, ya’ del pasado sábado ya tiene consecuencias. La Dirección de la Guardia civil decidió el martes abrir expedientes gubernativos a los tres guardias civiles que se encontraban en la tribuna de la Plaza Mayor de Madrid, aseguraron fuentes de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC). Todos los asistentes eran conscientes del riesgo que corrían y, en este caso tres de ellos, tendrán que soportar las sanciones que “con la ley en la mano significa la expulsión del cuerpo”. La Dirección General se limita a admitir que “se ha solicitado un informe a la asesoría jurídica, pero nada más”.