El recusador, recusable: el ponente del caso también realizó un estudio para la Generalitat

La de vueltas que da la vida: el recusador, recusable. Resulta que el magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) que ha sido el ponente contra Pablo Pérez Tremps elaboró también un informe para la Generalitat catalana sobre el desarrollo autonómico. Se trata de Jorge Rodríguez Zapata, académico y ex magistrado del Tribunal Supremo que redactó un trabajo para la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales en el año 2000, dos años antes de pasar a pertenecer al Alto Tribunal.

Rodríguez Zapata es el ponente del Pleno del Constitucional que, por mayoría de seis votos frente a cinco, decidió el lunes apartar a Pérez Tremps de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto de Cataluña. La causa: considera que está contaminado porque realizó un estudio para el Instituto Catalán de Estudios Autonómicos (IEA) cuyas recomendaciones fueron introducidas en la reforma catalana.

La Generalitat de Cataluña asegura en sus alegaciones presentadas al TC que el informe de Pérez Tremps era el trabajo de alguien que, entonces, era catedrático, como ocurre con otros estudios encargados por el IEA como línea de investigación académica. Y cita entre estas publicaciones “que aparecen en el catálogo general del IEA y de la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales” uno titulado Informe Pi i Sunyer sobre el desarrollo autonómico y la incorporación de los principios de la Unión Europea.

En ese trabajo “colaboró, junto a otros 14 autores, el Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Constitucional D. Jorge Rodríguez Zapata, con un informe sobre la Evolución de la aplicación de los principios contenidos en la Carta Europea de Autonomía Local por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”, según las alegaciones de la Generalitat a las que ha accedido este diario.

El estudio de Rodríguez Zapata está fechado en octubre de 2000. Este magistrado se incorporó al Constitucional en el año 2002, a propuesta del PP y dentro del cupo que corresponde al Senado. La Fundación Carlos Pi i Sunyer es privada, con participación pública, y nació bajo el impulso de un conjunto de administraciones locales.

Fuentes socialistas consultadas por este diario se muestran dispuestas a acelerar el ventilador si su pugna con el PP en este caso se endurece. Y todo apunta a que así será, ya que los populares están decididos a actuar contra cualquier sustituto que el Gobierno nombre en lugar de Pérez Tremps, en el caso de que éste dimita.

Por ejemplo, estas fuentes barajan la posibilidad de actuar contra Rodríguez Zapata, ya que “fue nombrado por su buena relación con Federico Trillo”, ex ministro del PP y actual portavoz de Justicia en el Congreso. De tal forma que podría ser recusado por “amistad manifiesta” con una parte personada en la causa, algo que es admitido en los tribunales ordinarios. Pero parece que tanto PSOE como PP olvidan que el Constitucional no es un tribunal que forme parte del Poder Judicial.

Fraude de ley

Por su parte, el PP considera que el Gobierno cometería un “fraude de ley” si obliga a dimitir a Pérez Tremps para nombrar a otra persona en su cargo. Así lo señalaron los portavoces de este partido en la Comisión Constitucional, Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Trillo, aunque se reservan los pasos que darán en el futuro.