Choque de trenes entre jueces y catedráticos a cuenta de la recusación de Pérez Tremps en el Constitucional

Una colisión encubierta se dirime estos días en el Tribunal Constitucional (TC) con motivo de la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, que lo apartará de las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña. Se trata de dos estamentos que caminan hacia un choque de trenes: jueces y catedráticos, dos formas distintas de entender lo que es el Alto Tribunal.

Más allá de las argumentaciones jurídicas sobre el caso, resulta que los seis miembros del Constitucional que decidieron apartar a Pérez Tremps corresponden a cinco jueces y un catedrático, mientras que los cinco que se opusieron a orillarlo fueron cuatro catedráticos y un juez. Diversas fuentes internas consultadas reconocen que hay "una batalla oculta" entre ambos estamentos, lo que ha agravado el mal ambiente que se respira en el TC desde que se produjeran las duras deliberaciones del caso. Este choque corre el riesgo de extenderse al mundo jurídico y universitario.

Todos están a la espera de que, a partir de hoy, el Constitucional dé a conocer el auto con la recusación de Pérez Tremps para conocer los argumentos jurídicos en los que se basa esta decisión, así como los de los cinco votos particulares que se oponen. Si los argumentos son sólidos, es posible que el choque no llegue a producirse. Ahora bien, la colisión llegará con todas sus consecuencias en el caso de que el auto deje la puerta abierta a que un catedrático no pueda emitir estudios sobre su área de investigación, so pena de ser recusado cuando sea magistrado del Constitucional.

Aun así, 45 catedráticos y profesores de Derecho Constitucional no se han esperado a conocer los argumentos jurídicos del auto y el viernes difundieron un manifiesto contrario a la recusación. A su juicio, Pérez Tremps hizo un estudio científico y desconectado de la reforma catalana (lo entregó un mes antes de ser nombrado miembro del TC y sus consejos se incluyeron en la norma). El escrito va al meollo del debate y alerta de que, de generalizarse el criterio en que se basa la recusación, "se restringiría gravemente la libertad de producción científica y de investigación que la Constitución consagra".

Y es que el Constitucional no es un tribunal como tal. Está compuesto por "juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional", según la Carta Magna, que se eligen entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios y abogados. Pero hay dos visiones sobre lo que es el TC.

La más progresista, vinculada al mundo académico, defiende un Alto Tribunal no integrado en el Poder Judicial. En cambio, la más conservadora se apoya en los jueces, donde esta línea de pensamiento es mayoritaria, y busca una cierta integración del TC dentro del Poder Judicial. En los últimos años, diversas normas se han producido en favor de esta segunda opción, como es el hecho mismo de denominar 'magistrados' a los miembros del TC.

El PP primó a los jueces

El mundo académico lleva tiempo denunciando que, desde comienzos de la presente década, se ha primado el nombramiento de jueces en el TC en detrimento de otras especialidades jurídicas. Diversos estudios universitarios a los que ha tenido acceso este diario confirman una ligera preferencia por los magistrados cuando, además, el Consejo General del Poder Judicial tiene reservados dos miembros en ese órgano. Dicho giro coincide con los Gobiernos del PP presididos por José María Aznar.