El Tribunal Supremo pone la libertad a De Juana en manos del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba

Iñaki de Juana Chaos tiene pie y medio en la calle. La decisión del Tribunal Supremo de reducir de doce a tres años la condena que la Audiencia Nacional le había impuesto por las amenazas vertidas en dos artículos publicados en el diario Gara deja la puerta abierta al Ministerio del Interior para que en las próximos semanas ponga en libertad al etarra. Según las fuentes penitenciarias consultadas por El Confidencial, Alfredo Pérez Rubalcaba tiene sobre la mesa tres opciones, dos de las cuales pasan, precisamente, por la excarcelación del recluso.

La primera es que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario donde está adscrito para cumplir la condena -en este caso Madrid VI, en la localidad de Aranjuez- clasifique al recluso en tercer grado en virtud de los informes médicos que destacan el grave estado de salud del etarra y de que, además, ya ha cumplido como preventivo la mitad de la pena que finalmente le ha impuesto el Tribunal Supremo. De este modo, De Juana accedería a la libertad condicional y sólo tendría que acudir periódicamente a una comisaría o, si persiste en su enfermedad, que miembros de las Fuerzas de Seguridad acudan al lugar donde se encuentre a verificar que no ha huido.

Sin embargo, esta opción cuenta con un inconveniente: el director de esta cárcel -y, por tanto, quien preside la Junta de Tratamiento que tiene que decidir su clasificación- es precisamente uno de los funcionarios de prisiones que acudió a declarar en el juicio al ser uno de los destinatarios de las amenazas. Fuentes penitenciarias apuntan a que este problema puede ser obviado con un cambio a otro centro penitenciario. “La Junta propone, pero debe ser finalmente [la directora general de Instituciones Penitenciarias] Mercedes Gallizo la que tome la decisión”, señalan estas fuentes para recalcar que de todos modos “la pelota está en el tejado del Gobierno”.

El ‘programa Vera’

La segunda opción en manos de Interior es clasificar al recluso en segundo grado e incluirle en un programa individualizado de tratamiento. Este fue el mecanismo que en su momento utilizó el Gobierno para excarcelar al ex secretario de seguridad, Rafael Vera -de hecho, entre los funcionarios, recibe el coloquial nombre de programa Vera- y al periodista de Al Yazira Taysir Alony. Para ello, el departamento de Pérez Rubalcaba debe ampararse en el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario que permite que presos que están clasificados en segundo grado puedan disfrutar de los beneficios de otros regímenes carcelarios más benévolos por “razones humanitarias”.

Entre éstos se encuentra no tener que pernoctar en prisión, siempre y cuando se someta a un control telemático mediante una pulsera, un sistema que en España se empezó a implantar en 2001 y que actualmente alcanza aproximadamente a un millar de reclusos, aunque ninguno es de ETA. Las fuentes penitenciarias consultadas creen que si De Juana es incluido en este programa, se abriría la puerta a que en el futuro otros reclusos de la banda armada pudieran verse beneficiados con el mismo.