‘Operación Malaya’: las nuevas revelaciones judiciales ponen contra las cuerdas a PSOE y PP de Murcia

La larga etapa preelectoral está siendo animada en Murcia por los coletazos de la Operación Malaya, cuyo principal encausado, Juan Antonio Roca, aparece cada vez más relacionado con el ayuntamiento socialista de Los Alcázares. Por otro lado, las investigaciones fiscales autóctonas no paran de sacar irregularidades de los gobernantes regionales del PP en relación con el urbanismo costero, fundamentalmente.

Una nueva parte del sumario de la marbellí Operación Malaya, desclasificada por el juez Miguel Ángel Torres, pone de manifiesto que el nuevo alcalde de Los Alcázares (15.000 habitantes, junto al Mar Menor), José Antonio Martínez Meca, está o estaba tan implicado como el anterior, el dimisionario Juan Escudero, en los negocios de Juan Antonio Roca que se investigan desde Marbella, según recoge hoy jueves la prensa regional.

Los sucesivos regidores aparecen citados, junto con otras quince personas que trabajan en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Alcázares, controlado por el PSOE desde su creación hace un cuarto de siglo, como amigos de confianza y receptores de regalos de la llamada trama marbellí, de acuerdo con los “pinchazos” telefónicos recogidos en el sumario y realizados por la Policía.

Escudero dimitió de su cargo durante el verano para no implicar directamente al PSOE en el asunto, pero su sucesor Martínez Meca también está relacionado con Roca, según revela ahora el sumario. El secretario regional del PSOE, Pedro Saura, tiene, indudablemente, una patata caliente en sus manos con este asunto.

Recalificaciones en las Águilas

El PP, por su parte, encuentra respiro en estas revelaciones publicadas en la prensa regional, después de que durante dos días nueve actuales y ex altos cargos de las Consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente hayan desfilado por el despacho del fiscal jefe regional, Manuel López Bernal, para explicar su participación en la recalificación discutible o sospechosa de la finca La Zerrichera (Águilas), cuyo dueño, el empresario Trinitario Casanova Abadía, es amigo cercano desde hace décadas del actual consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y participa en la empresa concesionaria del canal autonómico de televisión digital terrestre, La 7, que tanto está dando que hablar en Murcia y… en Asturias.

Entre los declarantes llamados por el fiscal, figura el anterior consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, bajo cuyo mandato se hizo la recalificación ahora paralizada momentáneamente, y que dejó su cargo público para convertirse en gerente de la cooperativa farmacéutica Hefame, de frustrada fusión con la madrileña Cofares.

También pasó por la fiscalía el actual director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, José María Lozano Bermejo, varios directores generales de las consejerías implicadas, mientras el presidente de ADENA, el catedrático de Ecología de la Complutense de Madrid, Francisco Díaz Pineda, se quejó en el diario La Opinión de que el informe que le encargó Francisco Marqués al respecto fue tergiversado por la Consejería de Medio Ambiente que éste dirigía.