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Conde Pumpido frena la investigación del caso de corrupción de Ciempozuelos que afecta a dos ex alcaldes del PSOE
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Conde Pumpido frena la investigación del caso de corrupción de Ciempozuelos que afecta a dos ex alcaldes del PSOE

La Fiscalía Especial Anticorrupción ha frenado en seco la investigación sobre el caso Ciempozuelos (Madrid) que afecta a dos ex alcaldes socialistas por un escándalo urbanístico,

Foto: Conde Pumpido frena la investigación del caso de corrupción de Ciempozuelos que afecta a dos ex alcaldes del PSOE
Conde Pumpido frena la investigación del caso de corrupción de Ciempozuelos que afecta a dos ex alcaldes del PSOE

La Fiscalía Especial Anticorrupción ha frenado en seco la investigación sobre el caso Ciempozuelos (Madrid) que afecta a dos ex alcaldes socialistas por un escándalo urbanístico, según denuncian a este diario fuentes jurídicas solventes. Es más, las mismas fuentes sostienen que la fiscalía “tiene la instrucción de investigar el presunto delito de blanqueo de capital cometido por estos dirigentes, pero elude profundizar en la trama urbanística que originó el dinero fraudulento”, que podría ascender a 40 millones de euros.

Estas fuentes señalan al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como el responsable de la paralización que salpica a una trama de corrupción surgida en los aledaños de los socialistas de Madrid. Esta ralentización del trabajo del fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, “está afectando a las investigaciones del juez que lleva el caso”, el titular del juzgado número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero.

Desde la fiscalía niegan que haya tal paralización y aseguran que este tipo de denuncias son recurrentes. Así, en noviembre pasado Conde Pumpido sacó un comunicado en el que desmentía haber ordenado parar el caso. Fuentes internas aseguran que está declarado secreto “y se aprovecha esta situación para presionar en medio de la campaña electoral” para los comicios del próximo mayo. También confiesan que allí se reciben quejas desde sectores socialistas al considerar éstos que no se investiga lo suficiente el escándalo de Andratx (Mallorca), que afecta a un ex alcalde del PP, y que, ahora, “podría ser que sectores populares, o de las defensas, estén presionando con estas acusaciones”.

Sin embargo, este diario ha contrastado las denuncias de tales retrasos de la fiscalía entre diversas fuentes jurídicas. Además, se asegura que la investigación no se centra en el presunto cobro de comisiones ilegales por recalificaciones urbanísticas por parte de los dos últimos alcaldes de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, sino que la fiscalía “se centra sólo en el delito de blanqueo” de dinero supuestamente cometido por ambos en Andorra.

Fiscal bajo control

Otras fuentes sostienen, además, que Conde Pumpido habría forzado la situación para mantener el caso en la Fiscalía Especial Anticorrupción y evitar que cayera en manos de la fiscalía natural competente en este asunto, que es la de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

Esta decisión colisiona con las instrucciones que él mismo dio a los fiscales el pasado julio. En su instrucción 4/2006 sobre las atribuciones de la Fiscalía de Delitos Económicos relacionados con la corrupción, Conde Pumpido establece que los delitos relativos a la ordenación del territorio “imputados a funcionarios públicos municipales no incumbirá inicialmente a la Fiscalía Especial, sino a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del lugar donde el hecho hubiera sido cometido, que actuará bajo la coordinación del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo”. A renglón seguido establece la excepción: “Sin embargo, la Fiscalía Especial será competente en dicho asunto cuando en él concurra cualquier otro criterio que, conforme a la presente Instrucción, determine la existencia de especial trascendencia”.

La Fiscalía Especial Anticorrupción ha frenado en seco la investigación sobre el caso Ciempozuelos (Madrid) que afecta a dos ex alcaldes socialistas por un escándalo urbanístico, según denuncian a este diario fuentes jurídicas solventes. Es más, las mismas fuentes sostienen que la fiscalía “tiene la instrucción de investigar el presunto delito de blanqueo de capital cometido por estos dirigentes, pero elude profundizar en la trama urbanística que originó el dinero fraudulento”, que podría ascender a 40 millones de euros.