El Ayuntamiento evalúa las alegaciones vecinales del convenio urbanístico con Sotogrande

Llegó el momento. Las numerosas alegaciones al convenio adoptado por el Ayuntamiento gaditano de San Roque y la inmobiliaria Sotogrande S.A. (NH Hoteles), realizadas por los propios vecinos del complejo urbanístico ‘Sotogrande’, comienzan a discutirse en el Consistorio local. Los habitantes de la urbanización, organizados en la Entidad Conservadora de Sotogrande, insisten en la existencia de “fines especulativos” y de recortes de “la calidad urbanística y medioambiental” dentro del núcleo de la urbanización.

El acuerdo forma parte de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ideada por el actual concejal de Urbanismo José Antonio Ledesma, miembro de un partido independiente que gobierna en coalición con el PSOE. Dicha revisión entra en contradicciones con el propio PGOU vigente y ha generado un cúmulo de denuncias ecologistas y protestas vecinales.

Este diario ya se hizo eco de la denuncia del partido ecologista de Los Verdes por la intención de Sotogrande de construir en un paraje protegido (ver noticia). La empresa se defendió recordando que sólo es propietaria de parte del sector donde se asienta el bosque y que, de todas formas, ese terreno es urbanizable según el PGOU vigente de 1986 (ver texto).

Por su parte, la mencionada Entidad Conservadora de Sotogrande estima que la promotora generará unas plusvalías de 309 millones de euros “a costa del interés general”, según reza en el texto de alegaciones consultado por El Confidencial.

Principales alegaciones

Dichos “fines especulativos” se justifican, en primer lugar, porque el convenio urbanístico entre Ayuntamiento y Sotogrande S.A. vulnera el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por el que “no se admiten incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del ya existente ni crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años”. El convenio plantea un crecimiento residencial de 3.747 viviendas (2.910 según declaró Sotogrande a este diario) y “estaría permitido tan sólo 586 viviendas”.

Además, la asociación vecinal considera que se pretende localizar zonas verdes y equipamientos en terrenos no idóneos. Pone de ejemplo el sector 50, en el que se plantea una zona verde en un sitio intransitable como la corona de la sierra de Almenara a cambio de recalificar en zona residencial lo que antes era zona verde.

Por otra parte, el convenio con Sotogrande S.A. prevé la ubicación de un centro al servicio del Golf, viviendas y campos de golf sobre vías pecuarias; la cesión de terrenos de escasa calidad para aprovechamiento municipal; una excesiva densificación de viviendas y la privatización de facto de la carretera CA-535 de acuerdo con la ordenación viaria propuesta.

La torre de 25 plantas de La Marina

Si hay un elemento que ha levantado ampollas con respecto a este convenio, es la pretensión de Sotogrande S.A. de levantar una torre de 25 plantas a pie de costa (ver simulación de altura), en la zona portuaria conocida como La Marina.

La Entidad Conservadora cree que el cuestionado convenio urbanístico “no resuelve los problemas estructurales de La Marina, sino que los acrecienta” disminuyendo la accesibilidad a la misma, aumentando la densidad de población con una torre de 25 plantas y 20.000 metros cuadrados de edificabilidad y rompiendo la imagen del propio núcleo de la urbanización Sotogrande.