El fiscal frena la investigación del ‘caso Ciempozuelos’ al ausentarse del interrogatorio a un testigo clave

Persisten los frenos de la fiscalía que dirige Cándido Conde Pumpido a la investigación del caso de Ciempozuelos (Madrid), la mayor comisión por corrupción urbanística supuestamente cobrada en la historia reciente: 40 millones de euros (más de 6.000 millones de pesetas). La fiscalía anticorrupción no asistió ayer al interrogatorio del representante del banco andorrano que descubrió este escándalo que afecta a dos ex alcaldes del PSOE de la localidad.

El representante del ministerio público, José Grinda, no se presentó en el juzgado cuando se da la circunstancia de que ya se ha ausentado en varias ocasiones de los interrogatorios. Fuentes jurídicas señalan que la fiscalía anticorrupción continúa con una actitud “pasiva, cuando no obstruccionista” ante este caso, tal y como reveló este diario. A pesar de que el fiscal no impulsa la investigación, el magistrado responsable, Agustín Carretero, ha optado por seguir adelante con la instrucción del caso. Carretero es titular del juzgado número 2 de Valdemoro (Madrid).

En su comparecencia, el representante del banco andorrano Andbanc, César Pérez Fernández, se ratificó en la declaración inicial realizada ante una comisión rogatoria. Relató cómo surgió el caso, el 4 de febrero de 2006, cuando el entonces alcalde de Ciempozuelos Pedro Torrejón y el ex edil socialista Joaquín Tejeiro acudieron a la entidad acompañando a un cliente. Al parecer se trata de Francisco Alfonso Méndez, adjudicatario de varias concesiones municipales de pueblos madrileños sobre recogida de basuras, limpieza de jardines, etc.

En su declaración, Pérez Fernández aseguró que los dos primeros abrieron cuentas cifradas en Andbanc, no revelaron su identidad de funcionarios públicos y depositaron una gran cantidad de dinero ese día y los siguientes (más de 400.000 euros cada uno), según fuentes jurídicas. Al mismo tiempo, tramitaron la creación tres sociedades en Belice y comunicaron que iban a ingresar más dinero a largo plazo.

Revisión de pruebas

Se da la circunstancia de que Pérez Fernández no se entrevistó directamente con los dos ex ediles -en contra de lo que sostiene el auto con la comisión rogatoria- y ayer dijo no conocerlos personalmente, lo que llevó ayer al abogado de la defensa, Julio Aranda, a anunciar que pedirá la revisión de las pruebas dada su “precariedad” y al entender que los policías que interrogaron a los responsables del banco andorrano no anotaron la identidad del empleado que atendió a los dos políticos.

Fuentes jurídicas sostienen que ese argumento “carece de peso”, ya que Pérez Fernández es el jefe del área de ‘Compliance’ (encargado de aprobar que las cuentas cumplan con la legislación bancaria), posee plenos poderes de Andbanc y es “un alto ejecutivo de la entidad, por lo que no se ocupa de hablar a los clientes directamente”.

Pérez Fernández recibió la información del empleado que atendió a los dos ex alcaldes, que se presentaron como socios, y ordenó que se les requiriera que acreditaran el origen del dinero para demostrar que no procedían de actividades ilícitas como el tráfico de drogas.

Y ahí saltó el caso: Tejeiro envió por fax un contrato entre la sociedad de ambos –Format &Consulting- y la compañía Esprode, en el que esta última se comprometía a pagar 40 millones de euros en concepto de comisiones a cambio de la recalificación de terreno rústico del municipio, en concreto en el paraje conocido como ‘Cerro de los Sotos’. Ambas empresas acordaban, además, la fecha en la que se tenía que aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciempozuelos que contenía tal recalificación.