El Gobierno salva uno de los principales obstáculos que le impedía reiniciar el Proceso

El Proceso resurge. Dos de sus principales protagonistas, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la ilegal Batasuna Arnaldo Otegi continúan apostando fuerte para resucitarlo, a pesar de que ETA lo enterró en los escombros de la terminal 4 de Barajas (Madrid), cuando el 30 de diciembre acabó con la vida de dos personas. Esta ceremonia de cortejo, similar a la que precedió al alto el fuego de 2006, corría el riesgo de fracasar por un factor: que el terrorista Ignacio de Juana Chaos falleciera en plena huelga de hambre y se convirtiera en un mártir de la causa etarra.

Esta circunstancia es la que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, puso el miércoles encima de la mesa del presidente: su muerte se podría producir pronto, en tres semanas, transmitió. Otro elemento influyó: en el hospital Doce de Octubre de Madrid, donde el etarra estaba ingresado, no podían aguantar más la situación creada por el preso y los policías. De Juana llevaba ayer 115 días en huelga de hambre, aunque alimentado por sonda por orden judicial. Y el último altercado del sábado, cuando el terrorista y su novia fueron descubiertos juntos en la cama, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia.

Zapatero autorizó la prisión atenuada para De Juana Chaos. En las deliberaciones participó el núcleo duro del presidente en este asunto, formado por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el jefe de Gabinete, José Enrique Serrano, y Rubalcaba.

El ministro del Interior aseguró ayer en rueda de prensa que la decisión había sido suya. Era su forma de proteger al presidente frente a la controversia que la medida iba a suscitar, sabedor de la perplejidad que siente Zapatero -y el PSOE- hacia él por haberle dejado al pie de los caballos durante la crisis surgida con la bomba de la T4. Rubalcaba realizó así su peculiar acto de contrición ante el presidente, aunque Zapatero le dijo en la reunión que no hacía falta.

Por un lado estaba el Estado de Derecho, que debe proteger la vida, defender la legalidad y ser humanitario “incluso aunque nos repela aquellos con quienes hay que ser humanitarios”, sentenció Rubalcaba en rueda de prensa. Por el otro, el sanguinario De Juana ha cumplido lo que determinó la Justicia por sus 25 asesinatos -18 años de cárcel de los 3.000 años a los que fue condenado- y le restan por cumplir 18 meses de prisión por los delitos de amenazas y enaltecimiento del terrorismo.

La ‘inteligencia’ del Estado y las víctimas

El Gobierno, con Rubalcaba de mascarón de proa, se inclinó por conceder la prisión atenuada para el terrorista: que se recupere en el hospital Donostia de San Sebastián para luego cumplir el resto de la pena en casa, vigilado con pulsera magnética. Aplicar la “inteligencia” del Estado, esgrimió el ministro, porque en su opinión la diferencia entre los terroristas y los demócratas es que a los segundos “nos interesa la vida”; ahí reside “nuestra legitimidad moral”, sentenció.

“¿Legitimidad moral?”, se preguntaba una víctima indignada en la calle mientras recordaba que el Estado no cedió al chantaje ante el secuestro y asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, cuando en 1997 ETA acabó con su vida porque no se autorizó el acercamiento de presos al País Vasco. Centenares de personas convocadas por el Foro de Ermua cortaron anoche el Paseo de la Castellana, en Madrid, frente a la sede del ministerio del Interior, para protestar por la medida adoptada por el Gobierno.