El caso de la Zerrichera pone patas arriba el mundo político y judicial de Murcia a dos meses de las elecciones

El caso de la Zerrichera es digno de un episodio de Falcon Crest: un ejecutivo autonómico que censura abiertamente al fiscal jefe del TSJ por favorecer al PSOE; unos jueces que se pasan los unos a los otros la pelota de la querella del fiscal jefe contra cinco altos cargos de la Comunidad, un alcalde y un ex concejal, todos del PP, y una caja de ahorros vasca que dice estar segura de recuperar los 55 millones de euros invertidos… Indudablemente, la vida político-judicial en Murcia adquiere tintes esperpénticos en vísperas de la campaña de las elecciones locales y autonómicas de finales de mayo.

Para añadir más leña al fuego, Trinitario Casanova Abadía (Grupo Hispania), dueño de unos terrenos en Águilas que los funcionarios y los ediles querellados pretendían recalificar, a pesar de estar protegidos como LIC y ZEPA, ha amenazado al Gobierno regional, en el que se sienta su íntimo amigo el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, con irse a los tribunales de Justicia si el ejecutivo autonómica no culmina el proceso de recalificación, paralizado hace un año al estallar el escándalo.

La querella del fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra tres directores generales de la Comunidad Autónoma gobernada por el PP, un subdirector general, un jefe de servicio, el alcalde de Águilas (PP) y un ex concejal de esa localidad del mismo partido ha provocado una serie de reacciones en cadena.

Por de pronto, el portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, ha acusado al autor de la querella, el fiscal jefe López Bernal, de beneficiar al PSOE con sus actuaciones y manteniendo que la amenaza de Casanova Abadía “es un ejemplo de que no se benefició al Grupo Hispania, ya que un amigo no querella contra otro”.

A todo esto, la querella mencionada que presentó el fiscal jefe en Lorca, cabeza del partido judicial al que pertenece Águilas, fue devuelta por el juez Juan Alcázar basándose en que los presuntos delitos más importantes –cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios– fueron cometidos en la capital de la Región, la ciudad de Murcia.

Sin que se sepa todavía, quizá esta misma semana, a qué juzgado de instrucción irá a parar la querella, un concejal del PSOE en Águilas, Ramón Román, acusa a dos antiguos compañeros suyos, Pedro Gil y Domingo Martínez –expulsados del PSOE por votar favorablemente la recalificación de La Zerrichera– de haberle ofrecido dinero en nombre de Casanova Abadía para que él también votara a favor de la recalificación.

En medio de esta vertiginosa vorágine que se vive desde el pasado miércoles, otros dos alcaldes del PP –José Hernández, de San Javier, y Antonio Tamayo, de Cieza– han visto pasar casi desapercibido el envío a los juzgados por parte del fiscal de sus presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación.

La Kutxa, segura de recuperar su inversión

Lo que sí se ha notado más ha sido una información procedente de la Kutxa guipuzcoana asegurando que esa caja de ahorros vasca piensa recuperar los 55 millones de euros que adelantó a Casanova Abadía para participar en la construcción de más de mil viviendas y campo de golf incluido en aquellos terrenos protegidos por la UE origen de todo el escándalo y posterior embrollo.

A todo esto, no se conoce a ciencia cierta, pues el presidente regional Ramón Luis Valcárcel continúa oficialmente mirando para otro lado, si el proyecto recalificador de La Zerrichera está “paralizado”, “frenado”, “rechazado” o “desestimado”.