Montilla quiere cerrar una Fundación vinculada a Convergència i Unió por supuesto desvío de dinero

La Generalitat de Cataluña quiere cerrar la Fundació Foment de la Comunicació en Català (Fundación Fomento de la Comunicación en Catalán) porque desconfía de que los fondos que ha recibido hayan sido gastados en los objetivos que prevén los estatutos de la propia fundación. El asunto toma más relevancia en pleno escándalo de la detención del presidente de Anesvad, José Luis Gamarra, por presunta apropiación indebida de fondos de la ONG.

La fundación catalana fue denunciada el 12 de julio del 2005 ante las instancias de la Generalitat y, desde entonces, ha habido toda una batalla jurídica para tratar de controlar la organización. Se da la circunstancia de que este organismo firmó un contrato con el Grup Editorial 100 per 100 para financiar las publicaciones de éste con los fondos obtenidos. El dueño y promotor de la fundación, Jacint Romeu, es el mismo que el del grupo editorial. Por si fuera poco, Mateu es un prohombre de negocios muy vinculado a Convergència i Unió (CiU).

El grupo 100 por 100 tiene en marcha casi una decena de diarios gratuitos distribuidos por Cataluña, Andorra y Madrid, además de una decena de empresas dedicadas a emisiones televisivas locales, especialmente en las comarcas de Tarragona, y casi media docena de emisoras de radio, además de productoras de programas y una empresa de publicidad. Entre las empresas de las que es accionista el grupo figura Teletaxi Televisió y Ràdio FM Teletaxi, propiedad de Justo Molinero, uno de los gurús de la comunicación popular de Cataluña, organizador de conciertos y festivales multitudinarios relacionados con el flamenco y también destacado militante de Convergència.

Fundación ligada a Jordi Pujol

La Fundación fue constituida el 9 de marzo del 2001 y en sus tres primeros años de vida ingresó centenares de miles de euros de menos de una docena de empresas. Sin otros ingresos, esta media docena de compañías estaban relacionadas con la construcción o con el medio ambiente, y habían recibido importantes adjudicaciones de los últimos gobiernos de Jordi Pujol. Este dinero se traspasaba a las empresas del Grupo Editorial 100 por 100, pero con la característica de que el administrador único de cada una de ellas era Jacint Romeu, por lo que existían sospechas de que la fundación servía únicamente para recaudar dinero de empresas y financiar a los medios de comunicación del grupo.

Según fuentes de la Generalitat, el reparto de estos fondos “no tenía un interés general, sino particular, que era beneficiar a unas empresas determinadas”. Para ello, interpuso una demanda en los tribunales con el objeto de que fuese intervenida judicialmente.