Desarrollo con dos velocidades, frenazo y marcha… adelante

Una cosa es el fuero, y otra el huevo. La maniobra de aplazamiento de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto catalán no impide el desarrollo de esta norma. Así, el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el Gobierno han optado por desarrollar lo previsto en la reforma. Sin prisa, pero sin pausa aprovechan las leyes que se modifican en el Congreso para introducir los cambios.

Así ocurre con la Ley del Tribunal Constitucional (TC), pactada la semana pasada en el Congreso por el PSOE y sus aliados de izquierda. Incluye que los cuatro magistrados que designa el Senado serán nombrados a propuesta de las comunidades autónomas. El PP lo recurrirá al TC, porque no está de acuerdo y fue marginado aún tratándose de llamado “bloque troncal de la constitucionalidad”.

Quien decidió orillar a los populares tras meses de no lograr un acuerdo fue el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El pacto estaba cercano, pero bloqueado porque el PP quería que se rescatara el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía, y evitar así que sean recurridos tras el referéndum como ha pasado con el catalán.

Otras leyes claves son las que conciernen al Poder Judicial. Los partidos catalanes, con el PSC a la cabeza, pactaron con el Gobierno que el Estatuto quedaría reducido a referencias genéricas en este ámbito para luego desarrollar las normas estatales. Ahora presionan para que se cumpla, pero aquí Bermejo no se ha comprometido a impulsarlo.

Se trata de incluir en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial tres asuntos básicos de la norma catalana: que los Tribunales Superiores de Justicia sean la última instancia, dejando la casación para el Supremo; la creación de los Consejos de Justicia, una especie de órgano de gobierno autonómico al estilo del Consejo General del Poder Judicial y, por fin, la obligatoriedad de dominar el catalán para magistrados y funcionarios de Justicia.

El portavoz de CiU en esta materia, Jordi Jané, denuncia que el Congreso lleva 42 semanas de retraso con esta ley. La semana pasada pidió al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que levantara “el freno de mano”: notaba que ambos tenían un problema de dos velocidades. El aludido le respondió que no quería que le multaran por “exceso de velocidad”.

Donde hay dos velocidades es en la reforma de la financiación autonómica. El compromiso inicial era aprobarla antes del fin de la legislatura, para que entrara en vigor en 2008. Pero el ministro de Economía, Pedro Solbes, ha metido una velocidad caribeña a la negociación y todo apunta a que será tratada en 2008… después de las elecciones. Mientras, pide papeles a consejeros autonómicos y al ministerio donde se analizan los errores del modelo actual para introducir las reformas futuras.

Por su parte, la Generalitat y el Gobierno ya tienen en marcha la comisión bilateral de Asuntos Financieros y Fiscales, mientras que el Gobierno designó el viernes a sus interlocutores en la de Infraestructuras.