El Gobierno quiere que el Constitucional decida sobre el Estatuto catalán tras las elecciones generales

“Conservar la serenidad”. Bajo esta máxima, el Gobierno y el PSOE han concluido en la conveniencia de que el Tribunal Constitucional (TC) emita su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña después de las elecciones generales, previstas para 2008. Se trata de ganar tiempo para eludir la presión política del PSOE y PP sobre los magistrados y favorecer una sentencia de consenso. El fin es “salvar el Estatuto y el Constitucional”, según fuentes de la mayoría parlamentaria.

La decisión depende en todo caso de ese organismo, cuya presidenta, María Emilia Casas, ha dado la instrucción contraria. “Vamos a hacerlo”, ha dicho a su equipo, según fuentes internas. Su plan es emitir la sentencia este verano. Una orden inusual, ya que se suele tardar más de un año en que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad. Pero la presidenta ha dado prioridad al Estatuto, por tratarse de una norma de convivencia aprobada en referéndum.

Por su parte, el PP ha trabajado el Alto Tribunal en busca de una mayoría de magistrados favorable a sus tesis contrarias a numerosos artículos del Estatuto catalán. Y podría apretar el acelerador para que la sentencia se produzca cuanto antes. Una prueba de sus esfuerzos es que es la primera vez que el TC acepta la recusación contra uno de sus magistrados, Pablo Pérez Tremps. Al aceptarla, se ha quebrado el juego de mayorías y ha quedado un Alto Tribunal compuesto por cinco magistrados progresistas y seis conservadores para dilucidar sobre la reforma catalana.

Las reflexiones internas habidas en el seno del Gobierno, el PSOE y en los aledaños de la Generalitat que preside José Montilla (PSC) han concluido que el ambiente de crispación política no es el más propicio para el consenso precisamente. En concreto, para que los magistrados alcancen una “sentencia transversal” y unánime a poder ser, lo que sólo se logrará gracias al tiempo y a la serenidad. Hay en juego el prestigio del TC y el riesgo de un aumento del sentimiento independentista entre la sociedad catalana si el Alto Tribunal declara inconstitucionales artículos aprobados por referéndum.

“Es una sentencia demasiado importante como para que sea hecha a golpe de mayoría sobre minoría. El Tribunal Constitucional es el gran tribunal de España, sus 26 años lo envuelven en prestigio, es el máximo árbitro, y una sentencia dividida sería penoso para todos”, reconocen fuentes socialistas. De ahí la necesidad de que los magistrados alcancen un consenso. “Pero son deseos, esto no lo puede decidir nadie externo al Constitucional”, agregan.

Quienes sí pueden dilatar el proceso son los otros actores personados en la causa. El Estatuto tiene siete recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y los Gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, La Rioja y Murcia. Los últimos pasos apuntan al frenazo. Porque se presentan recursos y se dilatan respuestas al TC, lo que provoca que sus especialistas no hayan empezado aún a estudiar el Estatuto.

Maniobras dilatorias

La Generalitat catalana pidió que los siete recursos se acumularan en una sola causa pero, tras la recusación de Pérez Tremps, solicitará esta semana que sean vistos por separado. Así, el magistrado sólo sería apartado del recurso del PP. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, también se ha opuesto a esta acumulación. El PP ha respondido que está de acuerdo. Y falta la respuesta del resto de los recurrentes.

Además, la Generalitat ha interpuesto un recurso de súplica sobre Tremps o que éste sólo sea apartado cuando se delibere sobre las relaciones exteriores de la autonomía, que dio origen a su recusación. Y ha presentado otro recurso de súplica contra la negativa del TC a apartar al magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, de tendencia conservadora.