La decisión de la Audiencia Nacional divide a magistrados y fiscales y ahonda en la fractura entre PSOE y PP

“Todos quedan mal. El fiscal, el poder judicial, el Gobierno y hasta el procesado, que mete en un brete a sus ‘medio amigos’”. Quien así se expresa es un conocido jurista, uno más que asistía ayer asombrado a la creciente fractura entre magistrados y fiscales, a semejanza a la de sus partidos-referencia: PSOE y PP. Conservadores y progresistas, divididos por la decisión de la fiscalía de no acusar a Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo.

Todo es inédito en este asunto. Porque el delito por el cual se acusó durante cuatro años al líder de la ilegal Batasuna se desvaneció el miércoles. El fiscal, Fernando Burgos, consideró que la “prueba practicada en la vista oral no permitía mantener la acusación inicial", según un comunicado del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. La prueba fue el interrogatorio al acusado, donde negó que enalteciera el terrorismo durante el entierro a una terrorista.

Tampoco hay precedentes de que se haya recurrido a un avión para traer de inmediato a un reo que no se presenta a un juicio. La legislación establece que sea llevado por las Fuerzas de Seguridad. Y así se ordenó. Lo habitual es, o bien encerrarlo esa noche en el calabozo y llevarlo después al tribunal, o bien fijar otra fecha una vez localizado, según fuentes jurídicas. Pero el tribunal estaba harto de tanto enredo, de que le hubieran pedido hasta en cuatro ocasiones el aplazamiento del juicio, dos por el fiscal, dos por la defensa. Y optó por juzgarlo el mismo día.

La respuesta de Batasuna fue demoledora: denunció que el Gobierno incumple los “compromisos firmados”. Toda una advertencia, dado que ETA gusta de filtrar los documentos cuando termina con una tregua. “Sabemos quiénes fueron los agentes que firmaron ese compromiso, que acordaron esas cláusulas que hicieron posible posteriormente ese alto el fuego”, dijo Pernando Barrena mientras reclamaba a esos agentes que hicieran posible “el diálogo”. No se refirió al atentado terrorista que acabó con la vida de dos personas el 30 de diciembre. Su compañero Joseba Permach habla de utilización: primero los acusan, los llevan a un tribunal y, después, se retiran o reducen los cargos, con el consiguiente enfado de la derecha.

Fuentes socialistas reconocen su pesimismo respecto a la posibilidad de que Batasuna o sus trasuntos acepten la Ley de Partidos. “Están cerrados en banda”, añaden para asegurar que la maquinaria del Estado está preparada: “Cuando llegue el momento, se impedirá que concurran a las elecciones municipales y forales”, añaden. El momento será a finales de abril, con el fin del plazo de presentación de las listas de los candidatos.

Mientras tanto, estas fuentes opinan que José Luis Rodríguez Zapatero intenta no dar argumentos a los más radicales dentro de ETA y e impedir el victimismo que da alas a la sublimación de la violencia. Es en este contexto donde enmarcan la actuación de la fiscalía: quitar piedras en el camino, “aunque nunca un Gobierno ha tenido de la oposición tan poco margen”.

¿Decisión grave o jurídica?

Para el PP, la decisión sobre Otegi es “tan grave o peor” que la prisión atenuada –“excarcelación- concedida a De Juana. El secretario general de este partido, Ángel Acebes, opina que ambos casos consisten en el pago de un precio para “comprar un comunicado de ETA dando la impunidad". En el PP vasco creen, además, que se trata de un “indulto preventivo” para garantizar que Batasuna concurra a las elecciones.