Sus antiguos jefes en Interior critican a Díaz de Mera: “Tenía que haberse amparado en el secreto de Estado”

La noticia corrió como un reguero de pólvora. El juez Javier Gómez Bermúdez multaba con 1.000 euros e imputaba a primera hora de la tarde a Agustín Díaz de Mera, director general de la Policía el día que ocurrió el 11-M, por un delito de desobediencia grave después de que éste, en su condición de testigo, se negara a facilitar al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el atentado terrorista el nombre de la persona que le informó de la supuesta existencia de un informe ocultado al juez instructor de la masacre, Juan del Olmo, que recogía supuestas vinculaciones entre ETA y los islamistas radicales. “Estoy en disposición de aceptar las consecuencias. Soy consciente de que la situación es muy complicada [...] pero no puedo en conciencia ni de ninguna otra forma revelar la fuente”, dijo ante los requerimientos del magistrado para que reconsiderada su postura.

Minutos después, sus antiguos compañeros en el Ministerio del Interior, Ángel Acebes e Ignacio Astarloa, conocían la noticia y mostraban en los pasillos del Congreso su sorpresa ante el desenlace de lo que había comenzado, en septiembre de 2006, como una confidencia realizada por el propio Díaz de Mera al periodista Federico Jiménez Losantos en la COPE. “Tenía que haberse amparado en el secreto de Estado”, fue la respuesta espontánea del que fuera secretario de Estado de Seguridad cuando fue informado por los periodistas.

De hecho, ambos políticos, a los que se sumaban Eduardo Zaplana y responsables del equipo de prensa del PP, celebraban una reunión de urgencia en el propio Congreso para analizar la situación abierta tras la decisión del juez Gómez Bermúdez. Poco después, dos de los integrantes de la Comisión parlamentaria que investigó los atentados, Juan Ignacio del Burgo y Alicia Castro, salían en defensa del ex director general de la Policía, al que califican de “valiente” y “honesto”.

Dudoso ‘parapeto’

Fuentes judiciales consultadas por este diario ponen en duda, sin embargo, que Agustín Díaz de Mera -ahora europarlamentario, por lo que se deberá tramitar su suplicatorio- hubiese podido ampararse en el “secreto de Estado” para no declarar, ya que, recalcan, el tribunal le dio la ocasión incluso de escribir el nombre de su supuesta fuente en un papel para que éste sólo fuera conocido por sus tres integrantes. El ex alto cargo de Interior se negó a ello y ni siquiera accedió, como le sugirió el juez Gómez Bermúdez, a llamar a su familia y a la propia fuente para reconsiderar su postura. Díaz de Mera se descolgó con un “no sé si esa persona tiene el teléfono intervenido” para mantener su negativa y de nada sirvió que el magistrado le pidiera que valorara “la situación en la que coloca al proceso” y “las consecuencias para los ciudadanos”.

El Ministerio del Interior siempre ha asegurado que el supuesto informe oculto al que se refiere el político del PP no existe, como ayer mismo recalcaba en un corrillo el propio titular del departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba. Según fuentes policiales, lo que sí existe es un documento que fue remitido al juez Del Olmo en septiembre de 2006 y que consta de 50 folios en su parte principal y otros 300 en anexos en los que se analiza los diversos indicios sobre los supuestos contactos entre islamistas y etarras en la cárcel. El informe concluye, de hecho, que no hay ningún indicio de implicación de la banda armada en los atentados de Madrid.

Segunda metedura de pata