Nueve empresas se reparten un ‘pastel’ de 100 millones por proteger a los amenazados por ETA

La seguridad tiene un precio. Exactamente 99,2 millones de euros. Esa es la cantidad presupuestada por el Ministerio del Interior para pagar durante el año 2007 a las empresas que complementan los servicios de escolta que reciben los miembros del PSOE y el Partido Popular en Euskadi y Navarra amenazados por ETA. Y nueve son las compañías que se reparten este sabroso pastel: Ombuds, Eulen, Seguriber, Coviar, Securitas, Prosegur, P-3, Prosetecnisa y Segur-Ibérica.

Así aparece recogido en una respuesta remitida hace escasos días por el Gobierno al diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, en la que, además, detalla cuánto facturaron cada una de estas empresas a la Secretaria de Estado de Seguridad durante el año 2005.

Ombuds es la que se llevó el trozo más grande de la tarta: cerca de 28 millones de euros de los 92.243.706,53 euros que en aquel ejercicio gastó el Ministerio del Interior en protección privada para personas y edificios amenazados por la banda armada.

Le siguen por volumen Eulen, con más de 18,5 millones de euros; Seguriber y Coviar, con cerca de 10 millones cada una; Prosegur, con algo más de 6 millones; Securitas, que ronda también dicha cifra; P-3, que facturó algo más de 5 millones, y Prosetecnisa y Segur-Ibérica, cada una de ellas por encima de los cuatro millones.

Además, Interior invirtió otros 280.000 euros en la protección de las sedes de estos partidos en el País Vasco y Navarra, y otros 305.000 en el mantenimiento y funcionamiento del Centro de Escoltas y Seguimiento (CES), en el que Interior coordina la labor de dichas empresas y registra las incidencias.

Presupuesto en alza

El presupuesto al que se refiere la respuesta del Gobierno, el de 2005, fue el primero del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero y en él se registraba ya un aumento del 25% respecto a la cantidad del dinero destinado a proteger a los amenazados por ETA que recogían las anteriores cuentas del Estado.

No obstante, el gasto se incrementó en los siguientes años, en concreto, hasta los 94.630.000 euros en 2006 y los 99.280.000 euros del actual ejercicio. Durante estos periodos el Ejecutivo de Vitoria también ha contribuido con partidas anuales de sus presupuestos -la última de 70 millones de euros- para dotar de seguridad privada a personas y edificios del País Vasco.

Aunque tanto el Gobierno central como el vasco han evitado en todo momento facilitar cifras exactas del número de protegidos y de efectivos destinados a tal fin por considerarlas materia reservada, asociaciones del sector estiman que dichas partidas sirven para pagar el costo que representa proteger al aproximadamente millar de personas a los que en Euskadi y Navarra se le ha asignado algún tipo de protección. Su seguridad queda en manos de 2.500 agentes privados, 500 ertzainas y otros 500 guardias civiles y policías.

Ajustarse e los “riesgos reales”

Unas cifras que se han mantenido prácticamente inalterables incluso durante la vigencia del “alto el fuego permanente” de ETA, a pesar de que alguno de los protegidos se apresuró en los primeros meses de tregua a comunicar su deseo de prescindir de los escoltas. Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Balza llegaron a plantearse durante el pasado mes de junio un plan para “ajustar a los riesgos reales” los servicios de protección que se prestaban.

Sin embargo, la irrupción de la kale borroka en el escenario vasco a finales del verano y el posterior robo de pistolas de Francia por parte de la banda armada frenaron en seco dichas intenciones. El atentado de la T-4 de Barajas y los planes descubiertos al recientemente desarticulado comando Donosti han confirmado que los 100 millones de euros van a seguir siendo necesarios.