El Parlamento rechaza legalizar la prostitución y pide al Gobierno que persiga el negocio de los locales de alterne

Las Cortes Generales no legalizarán la prostitución, porque no creen posible separar el ejercicio de la ‘profesión’ más antigua del mundo del tráfico y la explotación de seres humanos. Esa es la conclusión de la comisión parlamentaria de Congreso y Senado que ha estudiado este asunto durante ocho meses. Con el carpetazo a la legalización de la prostitución, las Cortes instan además al Gobierno a elaborar un plan para prevenirla y que ordene a la Fiscalía la persecución del dinero que mueve los locales de alterne y la trata de mujeres.

El Gobierno aprobará antes de julio un plan global para prevenir la prostitución, según ha podido saber este diario. Se trata de una decisión de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, a raíz de las conclusiones del dictamen parlamentario aprobado ayer. En sus siete recomendaciones generales, las Cortes instan al Ejecutivo a elaborar este programa antes de seis meses. Y establece que debe contener medidas de atención integral a las víctimas –incluidas las casas de acogida-, campañas de sensibilización y formación, así como la lucha contra el tráfico internacional de mujeres, combinada con el fomento del desarrollo de los países pobres origen de estas personas.

El dictamen fue aprobado por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer por 36 votos a favor frente al 18 en contra. Votaron en contra de legalizar la prostitución los parlamentarios de PSOE, PP, PNV, CiU y Entesa Catalana, mientras que las minorías se quedaron solas en la defensa de su legalización (IU, ERC y EA).

Uno de los factores que han influido para no alcanzar un mayor acuerdo ha sido el hecho de que parte de las comparecencias se celebraron en junio y julio, por lo que varios parlamentarios no asistieron a estas deposiciones, muchas de ellas contrarias a la regulación de la prostitución. La diputada que se erigió en líder de la legalización, Carmen García, de IU, no pudo acudir a seis de las 16 reuniones celebradas en esos dos meses, según fuentes parlamentarias. En especial, faltó a la de Lidia Falcón, de Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), que encabeza el movimiento contrario a la legalización de la prostitución junto con otras 26 organizaciones cívicas.

El 67% de los expertos que han declarado en esta comisión se mostraron en contra de regular la prostitución, mientras que sólo el 31% se mostró a favor. En total han comparecido 57 expertos, desde policías y guardias civiles a psicólogos, catedráticos, magistrados, asociaciones de afectados y dueños de clubes de alterne. (Ver documento adjunto, con la posición de cada uno de los expertos).

El 6% de los hombres se va de putas

Los propietarios de los clubes de alterne aseguraron a los parlamentarios que el sector mueve 18.000 millones de euros. Del total de los 15 millones de varones que hay en España de entre 16 y 64 años de edad, creen que sólo el 6% requiere el servicio de prostitutas. El gasto medio es de 1.200 euros por año.

De un informe criminológico presentado por el experto policial José Luis Rodríguez González se desprende que en los casos donde actuaron las Fuerzas de Seguridad, sólo hubo 249 prostitutas españolas, frente a 20.000 de otras nacionalidades. De ahí que crean que sólo el 1,3% de las prostitutas son de nacionalidad española, porcentaje que consideran extrapolable hacia el conjunto del sector.