Elecciones ‘malayas’ en Murcia

Las novedades del ‘Caso Malaya’, que anteriormente sólo ligaban al 'capo' marbellí Juan Antonio Roca con el Ayuntamiento de Los Alcázares, gobernado por el PSOE, ahora lo relacionan también con la corporación de su ciudad natal, Cartagena, gobernada por el PP. Así las cosas, la campaña electoral en la Región de Murcia se encuentra totalmente judicializada. Y es más, auguran un futuro presidido por los sumarios, los escritos de acusación, las calificaciones fiscales y las condenas o absoluciones.

Según la parte del sumario del Caso Malaya recién desvelada, Juan Antonio Roca intervino como intermediario en la polémica recalificación por el Ayuntamiento de Cartagena de la finca Lo Poyo, protegida parcialmente y en la que se quería construir una macrourbanización con campo de golf con participación de la caja donostiarra la Kutxa y empresarios vascos y, en su momento, la CAM, según publicó el diario regional La Verdad.

Mientras el PSOE descarga su artillería verbal contra la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por este tema, el PP airea ahora la condena a principios de año sobre un asunto investigado en 2004 que afecta al candidato del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, por unos gastos injustificados cuando era concejal de Deportes en 1998.

En un ejercicio de ventilación de los puntos más débiles, desde uno y otro partido se cuentan los candidatos imputados y condenados en diversos sumarios, ya sea por injurias, malversaciones, tráfico de influencias, compras de votos por correo... y los elevan a eje principal de sus discursos de campaña.

Los casos judiciales suben al primer lugar de la propaganda mitinera del PP y PSOE en detrimento de programas y problemas por resolver. Y en este contexto, la estrategia socialista de pedir la eliminación de las listas electorales de imputados y condenados judicialmente ha terminado pasando factura al PSOE, dado que el PP responde con casos judicialmente similares.

Los electores murcianos quizá ya no sepan distinguir si es más grave una condena a pagar 13.000 euros por gastos no justificados, como la del candidato socialista en Totana (Martínez Baños), o una petición de seis años y un día por contaminar el río Segura, correspondiente al alcalde popular de Alcantarilla, Lázaro Mellado.

El ventilador llega a Murcia

El levantamiento del secreto del sumario sobre otra parte del Caso Malaya ha venido a extender el alcance del ventilador hasta el municipio de Cartagena, gobernado por el PP y vecino del de Los Alcázares, gobernado por el PSOE.

Con los mensajes de soluciones para los ciudadanos relegados a segundo plano, lo único que parece claro es que la próxima legislatura, en la que gobernará el PP según los pronósticos demoscópicos, estará presidida por la judicialización de la vida política murciana, debido a las decenas de asuntos pendientes en los juzgados de la Región que afectan a políticos en activo, y la mayoría relacionados con el sector inmobiliario.