Bermejo y Conde Pumpido insisten en no actuar contra ANV, a pesar de su negativa a condenar la violencia

El pasado sábado Acción Nacionalista Vasca (ANV) se negó a condenar la violencia, lo que “le sitúa en un entorno de contradicción con sus estatutos, pero no es utilizable para la ilegalización del partido”. Son palabras del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo secundadas horas después por el Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido quien ha insistido en que el Ministerio Público mantiene una “actitud de vigilancia” hasta que exista “base jurídica suficiente”.

Dos cargos clave ante la posible ilegalización de ANV y a disposición de un Gobierno que, tras el comunicado de ETA de fin del ‘alto el fuego permanente’, había asegurado que “con la fuerza de la ley y del Estado de Derecho, pone y pondrá todos los medios para la defensa de la seguridad de todos los ciudadanos”.

La mano dura del Ejecutivo, que tuvo su primera actuación al día siguiente del comunicado de la banda con la nueva encarcelación del etarra Ignacio de Juana Chaos, no afecta por ahora a ANV, cuya demanda de ilegalización debería partir de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o el propio Gobierno, según fuentes jurídicas totalmente solventes.

Las mismas fuentes entienden que quienes tienen la responsabilidad de actuar contra ANV responden “sin ver la realidad en su conjunto”. Es decir, no tienen en cuenta “que Otegi se hiciera portavoz de dicho partido, que Batasuna y la propia ETA cuenten como propios los votos obtenidos por las listas legales de ANV, que ahora se nieguen a condenar la violencia y que actúen por la fuerza y amenacen a concejales electos”.

La Ley de Partidos “contempla el problema en su conjunto” y ANV “cumple casi todas las premisas para ser ilegalizada. Por mucho que digan, todo lo que el fiscal se niega a considerar está sucediendo y la opinión pública lo está viendo”. Si todos estos indicios “se pusieran en manos de los jueces del Tribunal Supremo, éstos actuarían”.

Falta de miras en la Ley de Partidos

Por el contrario, el magistrado José Jaime Tapia, portavoz de la Asociación de Jueces por la Democracia, comprende la actitud del fiscal general y del Gobierno con respecto a una demanda de ilegalización: “Aún es pronto”. “En realidad, hay que empezar desde cero”, explica el juez, “porque ANV no es una simple sucesión de Herri Batasuna y de Batasuna, hay que iniciar un procedimiento de demanda con pruebas de la vinculación entre ANV y la propia ETA, no sólo que condene o no la violencia, sino también la conexión económica, que forma parte realmente del entramado de la banda... una pluralidad de indicios”.

Todo ello porque en la Ley de Partidos se pensó en formaciones “sucesoras de Batasuna y ANV tiene más de cincuenta años de historia, es anterior a la formación ilegalizada, y condena la violencia en sus estatutos”. José Jaime Tapia asegura que la norma no tuvo en cuenta la posibilidad de que un partido ya existente “fuera fagocitado por Batasuna”. Por ello, debe primar “la garantía constitucional y no se puede ejecutar la sentencia de 2003 sin más... por esa regla de tres el día de mañana también se podría señalar a un partido como el PSOE y decir que ha sido absorbido por Batasuna”.