El poder judicial suspende en sus funciones al juez del ‘Caso Hidalgo’ a petición del juez del ‘Caso Malaya’

Revuelo judicial en Marbella. Un procedimiento penal abierto por el juez Miguel Ángel Torres, instructor del Caso Malaya, a su compañero, el magistrado Francisco de Urquía, titular de Juzgado número 2 de Marbella, ha provocado la suspensión cautelar de este último, por los presuntos delitos de cohecho (cobro de comisiones ilegales) y prevaricación.

Los cinco miembros de la Permanente tomaron una decisión tras un informe remitido ayer por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que se acusa al juez de los delitos señalados. Urquía es el instructor de los casos Hidalgo, en el que están implicados varios notarios malagueños, y Manilva, vinculado a una trama de corrupción urbanística.

Sin embargo, según parece, el expediente está relacionado directamente con Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella. El poder judicial ha ordenado una investigación a fondo de las actividades del Juzgado número 2 de Marbella por si se hubieran producido más irregularidades.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó este jueves por unanimidad la suspensión cautelar en sus funciones al magistrado, investigado en el Caso Malaya por delitos de prevaricación y cohecho. Así lo confirmó a los medios de comunicación el portavoz del CGPJ, Enrique López, quien no explicó los hechos concretos que se imputan a De Urquía porque están bajo secreto de sumario.

Dicha suspensión cautelar, informada favorablemente por el Ministerio Fiscal, ha sido acordada tras la remisión por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del Auto por el que se procede a la incoación de procedimiento penal contra el citado Magistrado. La ejecución de la medida de suspensión cautelar será llevada a efecto por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ambos han sido denunciados por la misma notario

Curiosamente, Torres comparte con Urquía el haber sido denunciado por la misma persona, la notario Amelia Bergillos, imputada tanto en el Caso Ballena Blanca como en la Hidalgo. En esta última operación, contra el blanqueo de capitales a gran escala, se ha detenido a 23 personas, se han intervenido 92 millones de euros de 632 cuentas bancarias y 553 propiedades inmobiliarias.

Urquía es el segundo juez marbellí implicado en temas de corrupción después de Pilar Ramírez, suspendida de funciones por tres años en 1999 por no abstenerse en un caso que afectaba al Ayuntamiento de Marbella, con cuyo alcalde por entonces, Jesús Gil, su familia mantenía negocios de tipo urbanístico.