Pesimismo en la judicatura por la imagen politizada del Tribunal Constitucional

Las polémicas internas en el Tribunal Constitucional sólo provocan “una imagen deteriorada y politizada” de una institución básica para el Estado y una desazón generalizada entre los jueces en España. Así se lamenta la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que prepara un comunicado al respecto, a raíz del espectáculo del miércoles en el que dos magistrados del TC calificados como conservadores intentaron someter a debate la prórroga del mandato de la presidenta María Emilia Casas, que concluyó formalmente el 30 de junio.

Ambos jueces, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, mostraron así en el pleno del Alto Tribunal su oposición a la reforma de la Ley Orgánica que lo regula (LOTC) y que permite en uno de sus artículos prorrogar el mandato del presidente y del vicepresidente más allá de los tres años reglamentarios hasta coincidir con la renovación de todos los miembros. Una reforma aprobada en el Congreso sin el apoyo del Partido Popular.

García Calvo y Rodríguez Zapata perdieron la votación por dos votos a diez y María Emilia Casas continuará en el cargo hasta finales de año. Es la primera vez que la prórroga de una presidencia provoca un problema semejante y esto es debido, según la APM, a que la reforma de la mencionada ley se hizo sin el consenso necesario, con prisas y con un objetivo a corto plazo claro: mantener las cosas como están mientras se tramita el recurso de inconstitucionalidad del Estatut de Calaluña.

“Nosotros ya anticipamos que esta reforma ad hoc y precipitada nacía ya con sospechas e iba a generar polémica”, en lugar de tramitarla de forma pausada, con la finalidad de mejorar la institución y, por tanto, con el mayor consenso posible: “Justo cuando el tema del Estatuto de Cataluña está en el momento más álgido en la opinión pública, se empieza a difundir la reforma de la norma... ya estaba montada la bronca”.

Así las cosas, “al final son las principales instituciones las que acaban dañadas, es la consecuencia de una reforma sin consenso, una fractura por discrepancias políticas que se expande al ámbito judicial”. Y estas diferencias, “no son problema nuestro” pero la Justicia se ve contaminada.

Apoyo a los magistrados

Si algo tienen claro en la asociación mayoritaria de la judicatura es que “los magistrados del Constitucional son de muy alto pedigrí y eso es lo que nos interesa desde el punto de vista del Derecho”, su profesionalidad, que argumenten sus sentencias basándose en el respeto a las leyes y dentro de las coordenadas que marca la Constitución, “lo demás, sobra”.

Los precedentes en la renovación del mandato de los máximos responsables del TC se dieron en 1992 con Francisco Tomás y Valiente, prorrogado durante cinco meses, y en 1998 con Álvaro Rodríguez Bereijo, prorrogado durante diez meses. Si el miércoles el pleno del Tribunal Constitucional hubiera decidido discutir y no renovar a Casas, el cargo de presidente debería someterse a votación según lo establecido en el artículo 9.2 de la LOTC.

Sobre la discrepancia de García Calvo y Rodríguez Zapata con la enmienda que permite la prórroga automática, fuentes del Constitucional consultadas por la agencia Efe , recordaron que aún no ha concluido el plazo en que la LOTC puede ser recurrida ante este mismo Tribunal, por lo que si los magistrados hubieran entrado a discutir sobre la misma habrían quedado virtualmente inhabilitados para resolver un eventual recurso.