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La Sanidad catalana ‘perdona’ a un alto cargo el uso del móvil institucional para su empresa privada
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La Sanidad catalana ‘perdona’ a un alto cargo el uso del móvil institucional para su empresa privada

El uso del teléfono del trabajo con fines particulares no le extraña a nadie. El problema viene cuando del uso se pasa al abuso y es

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La Sanidad catalana ‘perdona’ a un alto cargo el uso del móvil institucional para su empresa privada

El uso del teléfono del trabajo con fines particulares no le extraña a nadie. El problema viene cuando del uso se pasa al abuso y es lo que Jordi Grifoll i Llorens, coordinador de informático de Atención Primaria en el Institut Catalá de la Salut (ICS), ha tenido que explicar al director gerente del ICS Francesc José María i Sánchez. Concretamente, una sucesión de llamadas telefónicas efectuadas con el móvil del que dispone como alto cargo del ICS para su empresa privada Critics SL. Da la casualidad que Grifoll i Llorens fue denunciado ante la Fiscalía de Tarragona por subcontratar a su empresa, que constituyó en 2004 para comercio de material informático, en un hospital público tarraconense. Caso sobreseído por un fiscal ajeno a la causa (ver noticia).

En esta ocasión, Grifoll i Llorens también se ha librado de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave, y todo porque las llamadas telefónicas que el mencionado director gerente del ICS considera fraudulentas han prescrito, y las que aún se pueden juzgar no se puede demostrar que fueran irregulares, según consta en el expediente emitido por la Unitat Administrativa Assessorament i Normativa del ICS, con fecha del 10 de mayo de 2007, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

En dicha documentación, el director del ICS dictó resolución en la que consideraba hechos probados que Grifoll efectuó en 2005, desde el móvil del ICS, doce llamadas a Francia y recibió otras siete, cuyo coste se cargó igualmente al número mencionado. Por otra parte, se llamó tres veces al número de la empresa Critics SL. En 2004, se le imputan 15 llamadas internacionales y en dos carátulas de fax de la empresa Critics, con fecha del 21 de diciembre de 2004 y el 13 de enero de 2005, aparece como referencia el número del ICS.

Francesc José María i Sánchez, apadrinado del ex alcalde de Reus (ver El poder en la sombra de la Sanidad catalana ) estima que “antes de determinar si constituye falta grave o muy grave”, hay que recordar que el artículo 53.9 del VI Convenio Colectivo Único establece que las faltas más graves prescriben al cabo de 60 días a partir de la fecha en la que la administración ha tenido conocimiento y, en todo caso, al cabo de seis meses de haberse cometido: “De acuerdo con lo anterior, las faltas mencionadas anteriormente fueron cometidas en el transcurso de los años 2004 y 2005 y, por ello, procede su prescripción”.

¿Y las llamadas más recientes?

En el pliego de denuncia, se imputa a Grifoll i Llorens la realización de 41 llamadas en 2006 al número de teléfono de Critics que figura en su página web. Casualidades de la vida: “De las pruebas practicadas y la documentación aportada por el señor Jordi Grifoll resulta acreditado que el citado número también corresponde al número de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria”, explica María i Sánchez, sociedad que guarda relación con el ICS y, por ello, “no se puede acreditar que las llamadas fueran a la empresa Critics”. Así de sencillo.

El uso del teléfono del trabajo con fines particulares no le extraña a nadie. El problema viene cuando del uso se pasa al abuso y es lo que Jordi Grifoll i Llorens, coordinador de informático de Atención Primaria en el Institut Catalá de la Salut (ICS), ha tenido que explicar al director gerente del ICS Francesc José María i Sánchez. Concretamente, una sucesión de llamadas telefónicas efectuadas con el móvil del que dispone como alto cargo del ICS para su empresa privada Critics SL. Da la casualidad que Grifoll i Llorens fue denunciado ante la Fiscalía de Tarragona por subcontratar a su empresa, que constituyó en 2004 para comercio de material informático, en un hospital público tarraconense. Caso sobreseído por un fiscal ajeno a la causa (ver noticia).