El 88% de los asalariados españoles tendría derecho a una vivienda como la que quiere garantizar Chaves

Casi 15,5 millones de asalariados tendrían derecho a adquirir una vivienda con ayudas públicas si se siguen los criterios de acceso que la Junta de Andalucía pretende garantizar en su comunidad. Son las personas que el año pasado percibieron un salario inferior a 3.000 euros al mes, la barrera que establece el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda de Manuel Chaves. Suponen el 88% de los 17,6 millones de declaraciones presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según cálculos efectuados por el PP.

A esta elevada cifra habría que suprimir las personas que ya poseen una primera vivienda y las que llevan menos de cinco años empadronadas en un municipio. Además, la Junta establece que las adjudicaciones se realizarán únicamente a ‘unidades familiares’. Estos son los requisitos básicos del Gobierno andaluz para acceder a las viviendas.

La Junta no ha revelado, por ahora, el impacto económico de esta ley. A lo más, sostiene que se beneficiarán 300.000 ‘unidades familiares’ en los próximos diez años, lo que implica un millón de personas. Son datos de un estudio que encargó a un grupo de trabajo formado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía y el departamento de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, entre otros.

Esta decisión levanta ampollas. Así en CiU no comprenden cómo es posible que la Junta “apruebe derechos que un país rico ni se atreve a plantear”, sostienen en fuentes convergentes. Es de destacar que Andalucía todavía percibe ayudas estructurales de la Unión Europea, y sigue siendo zona de Objetivo I hasta 2013. Mientras, el presidente catalán, José Montilla, cree que su compañero Chaves tendrá “una cierta dificultad” para aplicar esta ley.

El alcance de la norma está incluido en un documento que la consejera de Obras Públicas de la Junta, Concepción Gutiérrez, entregó el pasado lunes a la ministra de Vivienda, Carme Chacón, durante una reunión que ambas mantuvieron en Madrid. De ahí que Chacón animara el miércoles a todas las administraciones públicas a sumarse a la iniciativa, en contra de la opinión del vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien preguntó en público si los andaluces han hecho los cálculos adecuados.

“El PSOE federal se ha entusiasmado con la idea”, según fuentes socialistas andaluzas, y ha pedido la documentación a la Junta con el fin de extender esta ley al resto de las autonomías, dentro del paquete de promesas electorales para las próximas elecciones. Sin embargo, dentro del partido también hay dudas, en la línea defendida por Solbes por cuanto la norma implica “dar el salto y reconocer el derecho a la propiedad de una vivienda”, según fuentes internas.

“Preferimos que se debata que si la ley es viable o no a que se sepa la verdad: que no nos va a costar un duro; es el promotor inmobiliario el que se auto impone reducir su margen de beneficios”, sostienen en fuentes de la Junta.

El BOE, argumento disuasorio

La consejera Gutiérrez está sembrado entre los socialistas la idea del bajo coste, basándose en dos razones: primero, la ley urbanística andaluza obliga, a partir de este año, a que cada ayuntamiento reserve el 30% del suelo para la construcción de Vivienda de Protección Oficial, y segundo, la administración “se limita” a establecer líneas de crédito preferente con la banca, en una especie de intercambio de favores con el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como principal argumento disuasorio.

Diversas fuentes apuntan a que la consejera reserva para su próxima entrevista con los agentes sociales la difusión del coste económico de su nueva ley. Al parecer, quiere que ese caramelo lo rentabilicen sindicatos y patronal, entre otras cosas debido a su largo enfrentamiento con la Confederación de Empresarios de Andalucía.